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Desde 1997 con la instalación en Bogotá de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hecho que se produjo tras el importante esfuerzo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la comunidad internacional, finalmente, posó su mirada en Colombia para observar, hacer seguimiento y asesorar al país en materia de DDHH. Tanto la ONU a través de la oficina mencionada, del Consejo de DDHH, de visitas de grupos de trabajo y relatores especiales y temáticos y, desde la firma del acuerdo de paz, la Misión de Verificación a la implementación del acuerdo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas ONGs internacionales entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional han presentado numerosos informes descriptivos de las situaciones de violencia y violación de derechos humanos recomendando la toma de medidas por parte del Estado colombiano. Casi nunca esos informes han sido de buen recibo por parte del Estado. Hasta ahora.
Vale la pena hacer una síntesis de los últimos informes publicados: el trimestral de la Misión de Verificación de ONU, entidad intergubernamental, y el de la ONG Human Rights Watch.
El informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas
En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Misión de Verificación de esa organización en Colombia, viene presentando trimestralmente, desde 2017 informes de avance de la implementación del acuerdo de paz. El último informe que fue recientemente publicado abarca el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2022, dando cuenta de los importantes pasos que en 4 meses ha dado el actual gobierno y, en particular el presidente Petro para detener la violencia y consolidar la paz.
Se destacan en el informe los avances más estratégicos, tales como la reanudación de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las conversaciones exploratorias con más de una docena de grupos armados por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que han expresado su interés en participar en los esfuerzos para poner fin a la violencia.
Se resalta también la importancia que el Gobierno ha dado a la reforma rural para consolidar la paz, considerando como un avance muy positivo el aumento de un 62 % de los recursos del presupuesto de 2023 para el sector agrícola. Así mismo la atención frente a la problemática de las economías ilícitas que pesan tanto en la persistencia de la violencia que, lamentablemente, continúa cobrando víctimas. Según la Misión, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito sigue siendo un instrumento importante, pero recomienda ajustarlo para mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la participación de las comunidades para fomentar la confianza y la legitimidad.
Finalmente, la Misión señala en el informe cuáles serán sus tareas en los temas de reincorporación de los excombatientes que siguen con el compromiso inquebrantable frente a la paz en los asuntos de acceso a tierras y vivienda, reincorporación económica, salud, educación y capacitación, seguridad, enfoque de género, jóvenes, asuntos étnicos, protección de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes.
Importa resaltar cómo en su capítulo de observaciones el informe es explícito en reconocer la determinación del nuevo gobierno de avanzar hacia la consolidación de la paz y que la implementación integral del Acuerdo Final esté en el centro de sus esfuerzos. El acercamiento del Gobierno a las poblaciones rurales y el acuerdo al que llegó con la Federación Colombiana de Ganaderos para la compra de tierras destinadas a la reforma rural integral, así como la reciente reactivación del Consejo Nacional de Reincorporación son evidencias de esa voluntad cierta de paz.
El informe mundial de Human Rights Watch 2022
En el informe global sobre Derechos Humanos de HRW en el capítulo sobre Colombia, relacionado con los hechos de 2021, se relatan los más relevantes de situaciones de violencia y violación de DDHH. Señala el informe que el acuerdo de paz celebrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, en un primer momento, disminuyó significativamente la violencia relacionada con el conflicto, pero, desde entonces esa violencia adoptó nuevas formas, con afectación de la población civil en varias regiones del país, ya que sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo, entre otros actores. La muerte de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas no tuvo por parte del gobierno las medidas suficientes ni adecuadas de protección.
“Los graves problemas de derechos humanos que persisten en el país incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, y las condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y afrocolombianas”[1], se lee en el informe.
El accionar de guerrillas y disidencias de las FARC, paramilitares y sus sucesores, abusos cometidos por miembros de la fuerza pública en el marco de la protesta social, violencia contra activistas comunitarios, desplazamiento interno y restitución de tierras, migrantes, sexualidad y violencia de género y vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, afro colombianos y personas en situación de discapacidad son temas descritos en el informe, así como las amenazas a la independencia judicial y las políticas sobre cambio climático.
La voluntad de paz del gobierno, la violencia y los derechos
A pesar de que el informe de la Misión de Verificación es de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, la mirada general que trata de los hechos de violencia que siguen enlutando al país, evidencian que la voluntad del gobierno ha resultado insuficiente, por ahora, para detener las masacres y los asesinatos selectivos. Solo en los primeros 15 días del mes de enero se cometieron 5 masacres con 15 víctimas mortales y fueron asesinados 4 líderes sociales[2].
Una necesaria reflexión sobre estos hechos de violencia, frente al empeño real de reanudar diálogos con actores políticos armados y someter bandas criminales es que esos procesos son de mediano plazo y que no es realista la pretensión de algunas personas y sectores de que los anuncios presidenciales de paz total se concreten inmediatamente. La campaña mediática desatada en contra del gobierno, el desconocimiento de la ley 2272 de 2022 por parte del Fiscal General que en su infantil arrogancia se niega a cumplirla, para continuar en su obstaculización permanente al proceso de paz, son ejemplos de lo que los guerreristas impulsados por la extrema derecha radical son capaces de hacer para entorpecer las posibilidades del logro de paz en el país.
Lo anterior no significa que resulten inadecuadas algunas consideraciones que académicos y demócratas puedan realizar como sugerencias, propuestas o críticas frente a la manera de enfrentar el desmantelamiento de bandas criminales de alto impacto que en ningún momento puede ser catalogados como actores políticos y cuyo sometimiento a la justicia tiene que ser completamente diferente a la reincorporación de actores políticos armados.[3]
Ante informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas que en los gobiernos anteriores se refirieron a la grave situación de derechos humanos del país tanto los gobiernos de Álvaro Uribe e incluso el de Juan Manuel Santos, tuvieron intervenciones descalificantes, llegando al límite el señor Iván Duque de referirse, en 2020, al informe de la Oficina del Alto Comisionado como “un informe chambón”, “es una intromisión a la soberanía”, “no se de dónde sacan sus fuentes”[4]. La actitud de negar la situación implicó no trabajar en resolverla.
Cosa similar fue la constante en relación con los informes y recomendaciones de Human Rights Watch a cuyo director el mismo Duque increpó diciéndole que hacía política con la paz de Colombia[5], mientras Uribe lo acusó de mentiroso y de hostigarlo personalmente[6] señalándolo de ser un guerrillero de las FARC. Por supuesto los medios de comunicación difundieron estos denuestos sin dar importancia alguna al contenido de los informes que era lo realmente importante.
Los problemas cuya existencia se niega o se esconde no pueden tener solución. Es muy positivo que el actual gobierno tenga en su agenda los derechos de las personas y que organismos internacionales como la Misión de Verificación de ONU hayan constatado ese hecho. La situación de derechos humanos del país, no solamente en relación con la vulneración del derecho a la vida, a la salud, al acceso a la tierra que están entre las prioridades del gobierno sino con múltiples derechos, aparentemente menores, cuya violación se ha venido normalizando, podrían tener en este momento histórico, la posibilidad de ser resueltos dada la voluntad de transformación del gobierno. Temas como los trámites inútiles de los que estamos llenos, la ausencia de controles en los precios de los productos más esenciales de la canasta familiar, la permanencia de funcionarios de gobiernos anteriores dedicados a torpedear la gestión actual y de entidades que sólo enriquecen privados, entre otros asuntos que parecen menores, afectan los derechos cotidianos de las personas y sería conveniente que tuvieran la atención del gobierno.
En la búsqueda de la vigencia plena de los derechos además de la voluntad del gobierno juega un papel determinante una ciudadanía activa, deliberante, incidente y crítica que participe y ejerza control social responsable y constructivo promoviendo propuestas y evidenciando lo que muchas veces, por normalizado, está oculto. La tarea de paz total, que conllevará el restablecimiento de muchos derechos conculcados es una construcción de gobierno y ciudadanía. Ojalá esa voluntad del Presidente de la República resulte tan contagiosa como una pandemia.
Revista Sur Colombia
