Daniel Ortega y Pedro Sánchez, presidentes de Nicaragua y España. AFP y Presidencia de Nicaragua.
El pasado martes, el gobierno nicaragüense acusó de injerencia e intervención en asuntos que Ortega califica propiamente de interés nacional a España, mediante un escrito dirigido al Ministerio de Exteriores español.
A todo esto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le externó varias consultas el mismo día a la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández, como réplica al texto emitido por parte de los pinoleros. Albares afirma que el documento contiene graves y hasta infundamentadas acusaciones contra España y sus instituciones.
La situación parte del hecho que el lunes 9 de agosto, el gobierno español señaló que las elecciones nicaragüenses convocadas para el 7 de noviembre, no tenían credibilidad alguna y le pidió al presidente, Daniel Ortega, que diera libertad a los candidatos opositores que habían sido encarcelados por muy dudosas razones, aparte de cancelar la personalidad jurídica del partido opositor, Ciudadanos por la Libertad (CXL).
El comunicado español hacía un serio cuestionamiento al actuar del presidente centroamericano, quien mantiene una estricta represión para cualquier partido o persona que pertenezca a la oposición; y también a la aprobación de la reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones emitidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Todo esto no fue bien recibido por Ortega, quien entonces le achacó a España que en vez de entrometerse en su país, retomara los caminos de respuesta pendientes a los reclamos de los habitantes de la Península Ibérica y también les recordó los graves temas pendientes en la década de los 80, cuando España, bajo el gobierno socialista de Felipe González, violó los derechos humanos de muchas personas al dar luz verde a los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL).
La respuesta de Ortega tiene ciertas contradicciones, ya que alude a hechos que hasta el momento no incumplen con los derechos de Cataluña y en su momento los dirigentes de los GAL fueron juzgados y procesados y parte de esto, sus actuaciones no fueron calificadas como crímenes que violaban los derechos humanos.