Nicaragua llamó este lunes a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, cuyos gobiernos criticaron la ola de detenciones a opositores y rivales del presidente Daniel Ortega de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
«El gobierno ha llamado a consultas a embajadores ante Argentina, Orlando Gómez; Colombia, Yara Pérez; México, Juan Carlos Gutiérrez, y Costa Rica, Duilio Hernández, en reciprocidad (…) a llamados similares de los gobiernos mencionados», expone una misiva leída por la vicepresidenta de Nicaragua y primera dama, Rosario Murillo.
Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores de Managua, Costa Rica congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores de Ortega, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
Murillo criticó «los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países» en temas que conciernen al pueblo y al gobierno de Nicaragua.
Nicaragua expresó su rechazo «categórico» a lo que calificó de «imitación caricaturesca» de quienes «se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado».
Al menos 32 líderes opositores han sido detenidos desde junio (el exdiplomático Mauricio Díaz es el último arrestado), en su mayoría por «traición» a la patria, bajo leyes aprobadas por el Congreso dominado por el oficialismo.
La Unión Europea (UE) ha sancionado con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las «graves violaciones de los derechos humanos» en Nicaragua.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Una de las últimas medidas del sandinismo fue la inhabilitación del principal bloque de oposición, liderado por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL derecha), que sí había conseguido inscribir candidato para enfrentar a Ortega.
Esta acción provocó nuevas reacciones y condenas internacionales en torno a la credibilidad de los comicios.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en un comunicado consideró que «Ortega quiere ganar las elecciones sin competencia».
«La decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre, destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble», señaló.
También en un intercambio de comunicados, España señaló el lunes que las elecciones convocadas para el 7 de noviembre en el país centroamericano no tenían ninguna credibilidad y pidió a Ortega la liberación de los candidatos opositores. En concreto, el Gobierno español respondía a la decisión tomada por el Consejo Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos por la Libertad (CxL). También aprovechó para cuestionar la represión que desde hace tiempo llevan sufriendo los candidatos opositores detenidos en las últimas semanas, así como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y «muy alejada de las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA)».
Estas palabras no sentaron bien en Managua que recordó a Madrid «la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada Península Ibérica», haciendo referencia al proceso independentista catalán. Además, también recordó a España, «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente ‘socialista’, Don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».
Una nota con claras equivocaciones pues ni España incumple los derechos de Cataluña, ni los dirigentes de los GAL, como José Barrio Nuevo, Rafael Vera o Julen Elgorriaga, quedaron en la impunidad, pues fueron juzgados y procesados, ni sus actuaciones fueron calificadas por los tribunales como crímenes de lesa humanidad.
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