Las empresas involucradas en el Caso Cochinilla aseguran que continuarán participando en procesos licitatorios para desarrollar proyectos de infraestructura pública.
Meco señala que seguirá concursando en los procesos que se publiquen en el sistema de compras públicas del Estado, “con el propósito de seguir dando trabajo a sus colaboradores”; mientras que H Solís indica que mantiene “su músculo laboral y empresarial” y añadió que la participación en los procesos licitatorios continúa siendo parte de su giro comercial.
Meco ha insistido, a través de distintos pronunciamientos, que será respetuosa de las medidas que implemente la administración; pero que también confía en el principio de presunción de inocencia. Las compañías señalaron que todas sus obras avanzan con normalidad, aunque H Solís matizó que se presentan algunas variaciones por “las afectaciones climáticas propias de la época”.
Esto se debe a que el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) no ha inhabilitado a las empresas constructoras. Pero, sí les retiró a ambas empresas un par de proyectos por $34 millones que les iban a ser asignados y suspendió la renovación de contratos de mantenimiento.
El Caso Cochinilla, según el OIJ, trata de que varias de las principales empresas desarrolladoras de vías en el país habrían sobornado a funcionarios públicos para obtener beneficios en la gestión de proyectos, tras una investigación de dos años y medio que incluyó intervenciones telefónicas.
El caso se hizo público el 14 de junio pasado, cuando el OIJ realizó alrededor de 60 allanamientos en distintas partes del país y detuvo a 30 personas, incluidos empresarios, trabajadores y funcionarios públicos.
Además de MECO y H Solís, se investiga a la administración pública y a otras entidades privadas como Constructora Herrera y algunos laboratorios de control de calidad.
Meco y H Solís concentraron más del 60% de las asignaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre 2015 y el primer semestre de 2021, según una reciente revisión del periódico La Nación. Además, se dejaron las adjudicaciones para la construcción de la mayoría de las obras de gran escala realizadas con financiamiento de organismos internacionales en los últimos años.
El exministro del MOPT, Carlos Segnini, aseguró que es poco probable que se suspenda la participación de las empresas sin una resolución judicial en su contra. “Ellos van a participar en las nuevas obras mientras no estén inhabilitados; el tema aquí será qué funcionario del Ministerio o del Conavi va a querer adjudicar a empresas que están siendo cuestionadas”, comentó en unas declaraciones para el periódico El Financiero.
La participación que puedan o no tener las empresas quedará también limitada según las condiciones que establezca la administración para sus nuevos carteles de contratación.