La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen dirige un allanamiento en las instalaciones de Grupo Extra, ubicadas en la avenida 4 y calle 4 de San José, como parte de una investigación que se desarrolla por una presunta administración fraudulenta.
Además de la sede periodística, también se realizan diligencias en dos casas en Alajuela, donde vive la dueña y gerente general del medio, Iary Gómez Quesada. Todos los operativos, detalló el ente fiscal, fueron autorizados por un Juzgado Penal.
“Las diligencias tienen como objetivo recabar prueba documental para incluir al caso, el cual corresponde al número 21–000407–1220–PE. De acuerdo con el despacho (de la Fiscalía), en el 2021, se recibió una denuncia por presunto delito de administración fraudulenta, en la que se señala un aparente conflicto económico familiar.
“Por tratarse de un proceso en investigación, por ahora es toda la información que facilitará, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, explicó el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.
Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, abogado del Grupo Extra, dijo a las 8:58 a. m. de este miércoles que iba en ruta al medio de comunicación, ya que poco antes le avisaron de las diligencias. “Me imagino que es por lo mismo de la socia minoritaria (Dunia Ugalde Cordero), pero no conozco nada porque ni siquiera he llegado al periódico”, manifestó.
Afirmó que supone que es sobre el proceso de quiebra. “Debe ser la misma historia, pero no estoy seguro porque no he visto nada”.
El 3 de marzo pasado, la Sociedad Periodística Extra Ltda, dueña de Diario Extra, presentó un incidente de excepción en el que impugnó una resolución del Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José, la cual le ordenaba pagar casi $6 millones que, al parecer, le adeudan a la socia Dunia Ugalde. Con esa acción logró que se aplazara la orden para que se abriera un proceso de quiebra contra dicha sociedad.
Por su parte, Federico Campos Calderón, representante legal de Ugalde, aseguró que “esta diligencia tiene relación con una denuncia interpuesta por la socia Dunia Ugalde, con respecto a una serie de manejos fraudulentos de los bienes de la empresa y otras decisiones societarias que fueron tomadas a espaldas de dicha socia, que la han afectado en sus derechos e intereses patrimoniales.
“El Ministerio Público requiere recabar una serie de evidencias y documentos que solo a través de un allanamiento se intentan obtener”, precisó Campos.
La resolución
El 22 de febrero de este año, el juez Sergio Huertas Ortega, del Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió que para evitar que se inicie un proceso de quiebra de la compañía se debían pagar $6 millones. Así consta en una resolución incorporada al expediente 21–000156–0958–CI–3, abierto el 3 de noviembre del 2021.
Dunia Ugalde Cordero, una accionista de la sociedad, fue quien planteó la gestión debido a una aparente falta de pago de un contrato de compra venta de cuotas firmado el 21 de abril del 2004. Según la demandante, desde el 1.° de abril del 2020, la sociedad dejó de cancelar las obligaciones mensuales que eran por un monto de $50.000.
En un escrito, ella aseveró que a la fecha queda un saldo pendiente de pagar de $5,4 millones, que sumado a los intereses moratorios, que ascendían a $525.000, representa una suma de $5,9 millones que debían retribuirle.
A inicios de marzo, la Sociedad Periodística Extra Ltda presentó un incidente de excepción mediante el cual impugnó una resolución del Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José que le ordenaba pagar casi $6 millones, y de esa forma logró que se aplazara una orden para que se abriera un proceso de quiebra contra dicha sociedad.
Fuente: La Nación.