(elnuevoherald.com, 16 de julio)
La Administración de Donald Trump se niega a otorgarle a los venezolanos la tan esperada protección temporal migratoria (TPS) pese a sostener que el país sudamericano es gobernado por un peligroso régimen dictatorial, sostuvieron el martes los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez.
Los senadores demócratas criticaron la actuación del gobierno estadounidense en respuesta a una carta emitida por el director del Servicio de Inmigración (USCIS) en funciones, Ken Cuccinelli, en la que da a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos estarán protegidos por TPS.
“El presidente Trump no puede hacer las dos cosas. No puede advertirle a los estadounidenses que Venezuela es tan peligroso que debería evitar viajar allí y luego regresar y decirle a los venezolanos en Estados Unidos que están obligados a regresar. Llegó la hora de que el Congreso sea consistente y humano y desestime esta indignante política de Trump”, declararon los senadores en un pronunciamiento por escrito.
Cuccinelli se pronunció después que un grupo bipartidista de 24 senadores, encabezados por Durbin y Menéndez, le escribieran una carta a Trump instándole a otorgarle la protección migratoria a los miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos huyendo de la crisis humanitaria causada por el régimen de Nicolás Maduro. La Casa Blanca luego delegó la respuesta al servicio de inmigración.
Al responder, el jefe de USCIS en funciones explicó las crecientes dificultades en el poder ejecutivo en otorgar TPS, resaltando la aparición de preocupaciones derivadas a la separación de poderes y los obstáculos impuestos por las cortes a los esfuerzos de la administración por poner fin a los programas de protección vigentes desde hace ya mucho tiempo.
Los pronunciamientos de las cortes que “continúan desplazando la autoridad del poder ejecutivo para poner fin al estatus de los TPS”, dificultan la decisión a favor de conceder la medida, dado a que esas decisiones judiciales le están otorgando un carácter más permanente que temporal, dijo Cuccinelli en su respuesta.
Y concretamente en relación al país petrolero, respondió: “El gobierno de Estados Unidos continúa monitoreando la situación en Venezuela. Adicionalmente, podrían haber otras medidas de alivio migratorio disponibles para los venezolanos afectados por las actuales condiciones en Venezuela”.
A lo largo del último año, la administración ha tomado enérgicos pasos para poner fin a la protección migratoria otorgada por el gobierno estadounidense en el pasado. Más de 300,000 personas se han visto afectadas por esos intentos, muchas de El Salvador, Honduras y Haití.
En lo que concierne a Venezuela, sin embargo, Trump había dado a entender que podía ser más flexible, particularmente cuando su administración encabeza los esfuerzos internacionales por poner fin al régimen encabezado por Maduro.
“Lo estamos revisando muy seriamente“, dijo el mandatario en junio cuando le preguntaron por la posibilidad de aprobar el TPS para los venezolanos, al señalar que la situación por la que atraviesa la nación petrolera es “horrible”.
La otrora próspera nación petrolera atraviesa actualmente por la peor crisis económica de su historia, marcada por una contracción de más del 50 por ciento de su Producto Interno Bruto y una tasa de inflación que supera el millón por ciento.
Ese colapso económico, aunado a la violencia y persecución del régimen, ha llevado a más de cuatro millones de venezolanos a huir del país, trasladándose muchas veces a pie hasta países vecinos.
Aunque no hay cifras oficiales, líderes de la comunidad venezolana en el sur de Florida calculan que en Estados Unidos podría haber decenas de miles de venezolanos con una situación migratoria irregular.
En los últimos cuatro años, más de 74,000 venezolanos han pedido asilo político en Estados Unidos, donde viven unos 300,000 nacionales de ese país, según la ONU y datos del Censo.
Según cifras de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), un total de 182 venezolanos fueron deportados en 2016, cifra que subió a 248 en el 2017 y a más de 330 en el 2018.
