El país vuelve a las urnas el 6 de septiembre tras el derrocamiento de Morales y en medio de dudas sobre los informes que propiciaron la caída del exmandatario
( EL PAIS ESPAÑA) Bolivia se encamina hacia unas elecciones presidenciales después de meses convulsos en los que al derrocamiento de Evo Morales por acusaciones de fraude se han sumado la llegada al poder de un criticado Gabinete interino y las dudas sobre los informes electorales que propiciaron la caída del expresidente. Ahora hay un horizonte para volver a las urnas y el país lo hace en un clima de elevada tensión política. Tras haber logrado un acuerdo con tres partidos de la oposición, entre ellos el Movimiento al Socialismo (MAS), que cuenta con mayoría en el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia propuso una ley, que seguramente se aprobará, para convocar a elecciones el 6 de septiembre.
La necesidad de este pacto político surgió del impasse que se había producido previamente entre el poder legislativo y el Ejecutivo, es decir, entre el MAS y el actual oficialismo, en torno a la fecha de las elecciones. La ley que las fijaba el primer domingo de agosto había sido denunciada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Jeanine Añez con el argumento de que una fecha tan cercana podía poner en riesgo la salud de la población.
La negociaciones en busca de una nueva fecha se realizaron con el auspicio de las Naciones Unidas y la Unión Europea y concluyeron en un acuerdo entre los opositores MAS, que encabeza los sondeos; Libre 21, que postula al exmandatario Jorge Quiroga; y Comunidad Ciudadana (CC), que lidera el expresidente Carlos Mesa.Participaron en las charlas, pero se excluyeron del acuerdo final, la alianza Juntos, de Áñez, y el frente Creemos, que dirige el derechista Luis Fernando Camacho, adversario de Morales y uno de los dirigentes que propiciaron su caída. El expresidente abandonó el país y se fue primero a México y luego a Argentina, donde se encuentra, mientras la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboraba un informe que hace días fue cuestionado por una información de The New York Times.
La plataforma de la presidenta transitoria prometió acatar la fecha establecida siempre y cuando la evolución de la pandemia vaya a mejor. Al mismo tiempo, cuestionó que el Tribunal Electoral hubiera cedido a las pretensiones “electoralistas” del MAS y de CC. Estos dos partidos están interesados en ir a las urnas lo más pronto posible. Al mismo tiempo, son los que van delante en la mayoría de las encuestas. Para Mesa, las elecciones son imprescindibles para enfrentar la pandemia, ya que el país requiere de una dirección política “legítima”.
Áñez llegó al poder por un acuerdo de las fuerzas que derrocaron al presidente Morales en noviembre pasado con un mandato transitorio y limitado a la organización de las elecciones. Sin embargo, la extrema polarización política, primero, y la llegada de la pandemia, después, le permitieron actuar como una gobernante ordinaria, y tomar decisiones con efectos de largo plazo, lo que Mesa y Morales han criticado una y otra vez. Ahora, estos líderes opositores han tomado la ambigua posición del Gobierno sobre la nueva fecha de elecciones como una prueba más de su deseo de prolongar el mandato interino. El oficialismo ha rechazado estas insinuaciones y ha asegurado que solo lo mueve la preocupación sanitaria.
El líder de las protestas que terminaron en el derrocamiento de Morales, Luis Fernando Camacho, que aparece en las encuestas con una intención de voto de solo el 10%, se ha estrellado frontalmente contra el acuerdo político promovido por el Tribunal Electoral. “Los políticos de siempre se adueñaron de nuestra lucha de los 21 días [previos al derrocamiento]…. Yo mantengo mi posición: ni cobarde, ni vendido, peor masista. No pacté, no pacto y no pactaré con el dictador”, declaró Camacho, en alusión a las informaciones sobre una conversación telefónica entre el presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, y el expresidente Morales, que habría dado el visto bueno al acuerdo. La existencia de este contacto no se ha confirmado. Fue Morales, desde Argentina, y no Luis Arce, el candidato del MAS, quien anunció primero el acuerdo político sobre las elecciones, lo que le cayó muy mal a sus enemigos e incluso a muchos de sus seguidores en Bolivia.
Camacho quiere que se haga una nueva convocatoria a elecciones para el próximo año, lo que le permitiría reorganizarse, cambiar sus listas de candidatos y participar en el proceso con mayores posibilidades de éxito. Romero fue designado directamente como miembro del Tribunal Electoral por Áñez, que elogió su conocimiento de los asuntos electorales y su reputación internacional. No obstante, su posición institucionalista respecto al MAS lo ha convertido en sospechoso para grupos y personalidades extremistas, afines tanto a Áñez como a Camacho.
El Procurador General del Estado y una senadora del partido de Gobierno exigieron a Romero que se sumara como parte acusadora en el juicio que está planteado contra Morales por su presunta participación en el supuesto fraude en las pasadas elecciones. La autoridad electoral no les ha respondido. Además, los radicales consideran que, por este mismo motivo, Romero y el Tribunal Electoral debieron haber eliminado al MAS de estas elecciones. Esto no ocurrió porque la ley no establece una sanción colectiva por el delito de fraude. Sin embargo, la idea de inhabilitar al partido de Morales vuelve recurrentemente al debate público, alimentada por el exitoso desempeño de Luis Arce en las encuestas. Estas le asignan a Arce el primer lugar, con más del 30% de la intención de voto. Según la norma boliviana, un candidato puede triunfar en primera vuelta si reúne más del 40% de los votos y tiene diez puntos porcentuales por encima de su inmediato seguidor.
