Tras el último informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, el embajador de Argentina -que tiene una posición neutral ante la crisis venezolana- ante el organismo, Federico Villegas, indicó que en Venezuela deberían realizarse elecciones justas y creíbles.
Villegas indicó que su país tiene una profunda preocupación por la situación de derechos humanos, la crisis política, económica y humanitaria que enfrenta. Aunque también resalta que estas crisis aumentan con las sanciones y la pandemia de coronavirus.
«En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos», dijo Villegas, según el medio argentino Infobae.
El funcionario agregó que los países de la región deben trabajar por una salida pacífica, política y negociada, a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
«Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con este consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe y a continuar implementando la cooperación con su oficina», afirmó Villegas.
Preocupación por grupos criminales
En tanto, algunas minas de oro, diamantes y bauxita en la Amazonía venezolana están mayormente controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean e incluso asesinan a trabajadores, indicó este miércoles un reporte de Naciones Unidas.
Fuerzas militares y de seguridad venezolanas no impiden estos delitos y han participado en algunos actos de violencia contra mineros, dijo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe.
«Las autoridades deberían tomar medidas de inmediato para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y el tráfico de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras», dijo Bachelet.
Nada Al-Nashif, la segunda autoridad en ACNUDH, presentó los resultados de su investigación en un área conocida como el Arco Minero del Orinoco, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«De acuerdo a los relatos de primera mano recibidos por la Oficina, una gran proporción de las actividades mineras permanecen bajo el control del crimen organizado o individuos armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión», declaró.
El informe de la ONU indicó que 149 personas han sido reportadas muertas dentro o alrededor de las minas desde marzo del 2016 hasta este año, y que las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en la mitad de los incidentes, añadiendo que el Gobierno venezolano no respondió a los pedidos de proveer información.
«De acuerdo a las versiones recibidas (…) cuerpos de mineros a menudo son lanzados a las excavaciones utilizadas como tumbas clandestinas», sostuvo el informe.
El embajador de Venezuela, Jorge Valero, rechazó el reporte en un discurso en el que no mencionó específicamente la minería ilegal. «Está claro que existen manipulación y doble estándar con la intención de atacar a un estado soberano y exponerlo», dijo al foro de la ONU en Ginebra.
La agencia dijo que entre los trabajadores mineros hay niños y que la ausencia de contratos laborales los dejan expuestos a contaminación por mercurio y malaria.
La ACNUDH llamó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a regularizar las actividades mineras y garantizar que éstas se realicen bajo los estándares internacionales y medioambientales.
Creada por decreto en 2016, el área de unos 111 000 metros cuadrados en la Amazonía venezolana es equivalente al 12% del territorio nacional. En la zona se extraen oro, diamantes, hierro y bauxita.
