Por compartir en Facebook una noticia sobre las largas colas para conseguir comida que se han formado en Cuba durante la pandemia, la periodista Camila Acosta fue multada y se le confiscó su teléfono móvil. El motivo:
incumplir el Decreto 370 «sobre la información de la sociedad en Cuba» según el cual está prohibido «difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».
La organización Prisoners Defenders considera que este decreto, que entró en vigor el 4 de julio de 2019, es una nueva forma de «normalización legislativa de la represión de la libertad de expresión en Cuba en el único
reducto que les quedaba», internet, y que la «ferocidad» con la que se aplica contra disidentes, periodistas independientes e incluso funcionarios, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad.
Por esa razón, el pasado 8 de junio interpusieron una denuncia ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ya ha sido aceptada y de la que esperan una resolución en menos de cuatro meses.
«El Decreto-Ley 370, es solo la punta del iceberg de Cuba para coartar la libertad de expresión», afirmó el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en la rueda de prensa convocada para dar a conocer la denuncia. «Define que quiere consolidar el uso y desarrollo de las TIC como instrumento para la defensa de la Revolución.
Multas y penas de cárcel
Entre las sanciones que se pueden imponer en caso de incumplir el decreto está una multa de 3.000 pesos, una cifra inalcanzable para gran parte de la población que vive al día y donde el salario medio mensual es de 16 dólares.
Pero lo peor es lo que ocurre si no pagas la multa. «El Código Penal -artículo 170.1- pone la guinda a esta represión, establece la cárcel para quien no paga. Este es el gran sistema que ha montado el Gobierno cubano para controlar la libertad de expresión», lamenta Lorranda.
Según los datos que maneja Prisoners Defenders, el 10% de los presos políticos en Cuba están condenados a más de dos años y nueve meses de media, por el impago de las multas.
Además, junto con el Ministerio de Comunicaciones y de Interior, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias las que «garantizan la regulación, control y fiscalización para asegurar el cumplimiento de lo que establece el presente Decreto-Ley».