Como parte de su enfoque expansionista hacia el hemisferio occidental, el gobierno del presidente Trump intenta reafirmar su dominio, una visa estadounidense a la vez
Cuando las autoridades chilenas firmaron una autorización para un cable submarino de 19.300 kilómetros que conectaría al país con Hong Kong, estaban entusiasmadas. Afirmaron que el proyecto chino impulsaría la conectividad nacional e incluso llegaría a la remota Isla de Pascua de Chile.
Pero el ánimo cambió de manera abrupta más tarde ese mismo día de enero, después de que un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Santiago se reuniera con Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Según Petersen, el funcionario estadounidense advirtió que el proyecto podría aumentar el riesgo de ciberataques chinos y que, si Chile seguía adelante, Estados Unidos impondría una prohibición de viaje no solo a los funcionarios involucrados, sino también a sus cónyuges e hijos.
En toda América Latina, el gobierno de Donald Trump ha desplegado tácticas agresivas para reforzar su control sobre la región. Entre ellas se incluyen aranceles paralizantes y sanciones económicas, ataques a decenas de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, la intromisión en elecciones extranjeras, y la captura del presidente de una nación en su propia capital.
Pero una de sus herramientas más ágiles y precisas es también profundamente personal: la visa estadounidense.
La reunión en Chile duró apenas seis minutos, dijo Petersen. Pero eso fue suficiente para persuadir a su gobierno de suspender el proyecto.
Claudio Araya, quien en ese entonces era el subsecretario de Telecomunicaciones de Chile dijo este mes que básicamente se trató de una amenaza.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo en un comunicado que estas medidas “no fueron una sorpresa”, ya que se produjeron tras años de discusiones sobre el tema.
Las sanciones en materia de visas, dijo Judd, “no tienen como objetivo castigar, sino cambiar el comportamiento”. Añadió: “En este caso, hicieron exactamente eso”.
Según los expertos, los permisos de viaje —que en el pasado se utilizaban típicamente para evitar amenazas a la seguridad, combatir la corrupción o defender las instituciones democráticas— se han convertido en un arma bajo el actual Departamento de Estado. El gobierno de Estados Unidos ha revocado visas para actuar contra líderes extranjeros, embajadores y otros funcionarios, jueces y periodistas, entre otros, mientras que, de manera discreta, ha restablecido las visas de algunos aliados afines.
Un garrote regionl
Washington ha utilizado su estrategia de visas para perseguir diversos objetivos. En algunos países, Estados Unidos ha buscado reemplazar la presencia de China con la suya propia. En otros, ha recompensado a socios de derecha que se le someten, incluso castigando a sus enemigos políticos. En otros lugares, ha presionado a los gobiernos para que cedan ante las exigencias de Estados Unidos o ha penalizado a quienes cuestionan sus políticas.
Este mes, el gobierno de Trump revocó la visa de María Luiza Ribeiro Viotti, la embajadora brasileña en Washington, como medida de represalia ante la demora de Brasil en aprobar al candidato a embajador del presidente Trump y por negarle la entrada a varios otros diplomáticos estadounidenses. El gobierno estadounidense ya le había retirado el visado a un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil por procesar al expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de Trump .
Revocar una visa, aunque a veces sea un gesto simbólico, también puede enviar un mensaje contundente, dijo John Feeley, un diplomático de carrera que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Panamá de 2015 a 2018. Puede socavar la autoridad política de una persona y romper los lazos personales o profesionales con Estados Unidos.
“Un congresista o un fiscal sin visa estadounidense”, dijo Feeley, “es alguien que vuela con un ala rota”.
Algunos aliados de Washington sostienen que el gobierno de Trump está plenamente dentro de sus derechos al restringir las visas.
“Eso es un tema que reside en la más estricta soberanía de los Estados Unidos”, dijo en una entrevista Manuel Tovar, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, donde al menos 15 figuras de la oposición y críticos han visto revocadas sus visas estadounidenses. “Nosotros no tenemos por qué exigir ni meternos en campos que no nos corresponden, como tampoco nosotros esperamos que ningún país en el concierto de naciones venga a determinar cuál es la política migratoria de Costa Rica y a qué personas o a cuáles no podemos facilitar el ingreso a nuestro país”.
Dado que los registros de visas son confidenciales, el gobierno de Estados Unidos rara vez aborda los detalles de revocaciones específicas, lo que dificulta cuantificar en qué medida el gobierno de Trump ha utilizado esta herramienta con fines políticos.
Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios estadounidenses cuentan con “amplia autoridad discrecional” para cancelar visas “siempre y cuando esté en juego un interés político imperioso de Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado en un correo electrónico.
El factor China
Para los funcionarios chilenos involucrados en el proyecto del cable submarino, aceptar las exigencias de Estados Unidos no pareció ser suficiente de inmediato. Aproximadamente un mes después de la advertencia inicial del diplomático estadounidense, el Departamento de Estado anunció que prohibía la entrada a Estados Unidos a dichos funcionarios y a sus familiares. Sus acciones, dijo el departamento, habían “comprometido la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional”.
Para Juan Muñoz, entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, el anuncio, dijo, fue un golpe significativo a su reputación.
Su visa fue finalmente restablecida, dijo, pero las repercusiones persistieron.
Muñoz, un académico que estudió en California, donde nacieron tres de sus hijos, dijo que su página de Wikipedia ahora decía que era una persona sancionada por Estados Unidos. Añadió que se sentía como si lo hubieran incluido en la misma lista que a los peores alborotadores del mundo.
Chile no es un caso aislado. Washington ha tomado medidas contra personas en otros lugares cuando sospecha que han facilitado inversiones chinas.
Este mes, una empresa eléctrica argentina informó que recibió advertencias sobre la revocación de visados para ejecutivos vinculados a la expansión de las operaciones en ese país de Huawei, el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, respondió en X, y dijo que el asunto era “un tema de seguridad nacional”.
Y el año pasado, después de que dos legisladores de la oposición en Costa Rica criticaran un decreto presidencial que prohibía a los proveedores chinos de 5G como Huawei, el Departamento de Estado revocó sus visas de Estados Unidos.
“Están mandando un mensaje a actores políticos de que hablar sobre posiciones apoyando a China va a tener consecuencias”, dijo Johana Obando, una de las legisladoras costarricenses a quienes se les cancelaron sus visas personales y diplomáticas.
“Es una manera de amedrentar a los tomadores de decisiones para beneficiar a los Estados Unidos”, añadió.
El Departamento de Estado, en su anuncio de abril sobre la ampliación de la política de restricciones de visados, dijo que utilizaría “todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, defender los intereses estadounidenses y promover la seguridad de nuestra región”.
Cosechando recompensas
Al modificar su política de visas, Estados Unidos ha abandonado su cruzada posterior a la guerra fría en favor del estado de derecho regional, y la ha cambiado por un enfoque más transaccional, sostienen algunos analistas.
“La corrupción, las violaciones de derechos humanos, la interferencia judicial, todo eso dejó de ser importante”, señaló Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de derechos humanos.
A medida que Washington deja de priorizar los valores democráticos, las figuras políticas que anteriormente enfrentaron sanciones de Estados Unidos ven cómo se les restituyen sus privilegios, señaló Méndez, después de que sus países renovaran las relaciones de amistad con la Casa Blanca.
Durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos sancionó a varios funcionarios centroamericanos que consideraba corruptos o antidemocráticos en virtud de una ley conocida como la Lista Engel. Incluso después de que esta expirara, el gobierno utilizó diversas herramientas legales para seguir denegándoles visas, según un exfuncionario del Departamento de Estado con conocimiento directo del proceso, quien habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones internas.
Cuando Trump asumió el cargo, dijo el funcionario, esa medida se suspendió por completo.
Al menos tres altos funcionarios salvadoreños incluidos en la Lista de Engel y cercanos al presidente Nayib Bukele —quien se ha alineado con entusiasmo con Trump— se beneficiaron rápidamente.
Entre ellos se encontraban Javier Argueta, entonces asesor legal de Bukele, quien enfrentó sanciones por orquestar la destitución inconstitucional de funcionarios judiciales; Christian Guevara, jefe de la facción legislativa de Bukele, sancionado por presentar una ley que criminalizaba la cobertura mediática de las pandillas; y José Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Bukele, sancionado por presionar a funcionarios de la oposición a renunciar bajo amenaza de cargos penales.
Argueta y Guevara entraron a Estados Unidos por primera vez en varios años —en julio y septiembre de 2025, respectivamente— según los registros de viaje que revisó The New York Times. Desde entonces, han ingresado al país en múltiples ocasiones. Sanabria viajó a Miami más recientemente, en junio.
Argueta le dijo al Times que, efectivamente, le habían restablecido su visado, pero rechazó una solicitud de entrevista. Sanabria no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo Guevara, pero ha publicado fotos en redes sociales hablando con legisladores estadounidenses o posando en la Casa Blanca.
El Departamento de Estado no respondió a preguntas específicas sobre el restablecimiento de las visas para quienes anteriormente figuraban en la Lista Engel, ni sobre si impedir su ingreso a Estados Unidos aún es una prioridad.
Un cambio radical
Las revocaciones de visados también se han utilizado para reprimir las críticas al gobierno de Trump, o incluso a líderes extranjeros alineados con Estados Unidos.
En Panamá, por ejemplo, después de que dos políticos criticaran un amplio pacto de seguridad entre su país y Estados Unidos, se les notificó que sus visas estadounidenses habían sido revocadas. Si bien Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones encubiertas e injerencias autoritarias en América Latina, exdiplomáticos afirman que los métodos del gobierno de Trump representan un cambio radical.
“Ningún gobierno estadounidense reciente ha llevado a cabo nunca este tipo de ataque abierto contra la libertad de expresión” en un país extranjero, argumentó Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá.
Además, según los expertos, es poco probable que esto termine pronto.
El jueves, Andrés Manuel López Beltrán —hijo del exlíder de izquierda mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aún tiene gran influencia sobre el partido gobernante— dijo que Washington le había revocado su visa. La medida se produjo tras acusaciones de corrupción contra López Beltrán, las cuales ha negado. En una carta abierta dirigida a Trump, criticó la medida como un ataque con motivaciones políticas contra el movimiento político de su padre.
