(HRW)
Proteger la libertad de expresión y garantizar el acceso a información crucial
Según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras. Las restricciones permisibles a la libertad de expresión por razones de salud pública, mencionadas anteriormente, no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho.
Recomendaciones:
Los gobiernos deberían respetar plenamente los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, y solo restringirlos según lo permitan las normas internacionales.
Los gobiernos deberían asegurarse de que la información que brindan al público sobre el COVID-19 sea precisa, oportuna y coherente con los principios de derechos humanos. Esto es importante a la hora de abordar información falsa y engañosa.
Garantizar que las cuarentenas, los confinamientos y las restricciones de viaje cumplan con las normas de derechos humanos
El derecho internacional de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), exige que las restricciones a los derechos por razones de salud pública o emergencia nacional sean legales, necesarias y proporcionales. Las restricciones como la cuarentena obligatoria o el aislamiento de personas sintomáticas deben, como mínimo, llevarse a cabo de conformidad con la ley. Deben ser medidas estrictamente necesarias para lograr un objetivo legítimo, basarse en evidencia científica, ajustarse al principio de proporcionalidad para lograr ese objetivo, no aplicarse de manera arbitraria ni discriminatoria, tener duración limitada, ser respetuosas con la dignidad humana y estar sujetas a revisión.
Recomendaciones:
Los gobiernos deberían evitar las restricciones radicales y excesivamente generales sobre el movimiento y la libertad personal, y solo adoptar restricciones obligatorias cuando esté científicamente justificado y sea necesario y cuando puedan garantizarse mecanismos de apoyo para los afectados. Una carta de más de 800 expertos legales y de salud pública en EE.UU. declaró: “Las medidas voluntarias de autoaislamiento[combinadas con educación, detección generalizada y acceso universal al tratamiento] tienen más probabilidades de inducir la cooperación y proteger la confianza pública que las medidas coercitivas y son más propensas a prevenir intentos de evitar el contacto con el sistema de salud”.
Proteger a las personas en custodia y en instituciones
El COVID-19, al igual que otras enfermedades infecciosas, presenta un riesgo particularmente grave para las poblaciones que viven en estrecha proximidad. Además, afecta desproporcionadamente a las personas mayores y a las que padecen enfermedades subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas e hipertensión. El 80 por ciento de las personas que murieron de COVID-19 en China tenían más de 60 años.
Recomendaciones:
Las agencias gubernamentales con autoridad sobre las personas encerradas en prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes deberían considerar reducir sus poblaciones mediante la liberación supervisada o temprana apropiada de detenidos de bajo riesgo, incluidos, por ejemplo, aquellos cuya liberación programada sea pronto, aquellos en detención preventiva por delitos no violentos y menores, o cuya detención continua sea igualmente innecesaria o no esté justificada.
Garantizar la protección de los trabajadores de la salud
Los gobiernos tienen la obligación de minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, incluso asegurando que los trabajadores tengan información de salud y vestuario y equipos de protección adecuados. Esto significa proporcionar a los trabajadores de salud y otras personas involucradas en la respuesta al COVID-19 capacitación adecuada en el control de infecciones y con los equipamientos protectores adecuados.
Recomendaciones:
Los gobiernos deberían tomar medidas para que la atención médica esté disponible para todos y que sea accesible sin discriminación, asequible, respetuosa con la ética médica, culturalmente apropiada y de buena calidad.
Cumplir el derecho a la educación, incluso si las escuelas están temporalmente cerradas
Muchos países han cerrado escuelas desde el brote de COVID-19, interrumpiendo el aprendizaje y la educación de cientos de millones de estudiantes. En tiempos de crisis, las escuelas brindan a los niños una sensación de tranquilidad y normalidad y aseguran que tengan una rutina y un apoyo emocional para hacer frente a una situación cambiante.
Las escuelas también brindan espacios importantes para que los niños y sus familias aprendan sobre higiene, técnicas apropiadas para lavarse las manos y sobrellevar situaciones que rompen las rutinas. Sin acceso a las escuelas, esta responsabilidad principal recae en los padres, tutores y cuidadores. Cuando las escuelas están cerradas, las agencias gubernamentales deberían intervenir para proporcionar información de salud pública clara y precisa a través de los medios apropiados.
Recomendaciones:
El aprendizaje en línea se debería utilizar para mitigar el impacto inmediato de la pérdida del tiempo de instrucción normal. Las escuelas que implementen tecnología educativa para el aprendizaje en línea deberían garantizar que las herramientas protejan los derechos y la privacidad de los niños. Los gobiernos deberían intentar recuperar el tiempo perdido de clases presenciales una vez que las escuelas vuelvan a abrir.