Mientras el descontento aumenta, la Corte Suprema de Justicia estudia 10 demandas de inconstitucionalidad. Además, quedan tan solo seis meses para las próximas elecciones generales en las que se elegirá presidente. Con este panorama, ¿cuál será la salida al estallido social en Panamá? Lo analizamos en esta edición de El Debate.
En julio de 2022 estallaron las que hasta entonces eran las protestas sociales más grandes en Panamá desde su regreso a la democracia en 1989. Ahora, desde octubre de 2023, las movilizaciones son aún más multitudinarias.
Esta vez el descontento se disparó por el contrato firmado entre el Gobierno de Laurentino Cortizo y Minera Panamá, la filial de la canadiense First Quantum Minerals Ltd. El convenio se renovó por 20 años más, aunque el pacto inició desde 1997; esto le permite a Minera Panamá explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, pero ha generado profundo malestar debido al impacto ambiental que el proyecto pueda dejar, ya que está ubicada en el corredor biológico mesoamericano que crea una vía de tránsito para las especies desde Panamá hasta México.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Pública detalló que al 17 de noviembre habían capturado en todo el país a 1.200 personas, incluyendo 152 menores de edad, por delitos de vandalismo y daños a la propiedad.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) estima que la economía panameña puede perder hasta 1.700 millones de dólares por los bloqueos. Todo llega seis meses antes de las próximas elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirán presidente, diputados de la Asamblea y autoridades locales.
Fuente: France24