En medio del colapso económico más profundo desde el fin del bloque socialista, donde hospitales carecen de medicamentos, los apagones son diarios y gran parte de la población no sabe de dónde vendrá su próxima comida, una revelación sacudió las entrañas del sistema cubano: el conglomerado militar conocido como GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) acumula miles de millones de dólares en activos líquidos y ganancias que superan con creces las reservas internacionales de países de tamaño similar. Documentos internos y filtraciones periodísticas, retomados por medios independientes y analistas, sitúan sus activos líquidos en cifras que rondan los 18 mil millones de dólares, con más de 14 mil millones depositados en cuentas que la propia estructura controla sin supervisión pública ni rendición de cuentas. Estas cifras, extremadamente altas para una economía en crisis, contrastan con un pueblo que sufre escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, y donde los salarios promedio son equivalentes a unas decenas de dólares al mes. ()
El régimen cubano y sus portavoces oficiales han intentado desestimar estas revelaciones cuestionando la veracidad de las cifras o argumentando que obedecen a “manipulaciones contables” o interpretaciones erróneas de estándares internacionales, sin ofrecer cifras transparentes que contradigan las filtraciones. Mientras tanto, activistas y economistas dentro y fuera de la isla insisten en que esas reservas no se utilizan para mitigar la crisis humanitaria que vive la población, en particular para garantizar suministros médicos, alimento y mantenimiento de infraestructura crítica, costos que incluso los intereses generados por el capital de GAESA podrían cubrir sobradamente.
Esa acumulación se explica por el control casi total que GAESA ejerce sobre los sectores más rentables de la economía cubana: turismo, comercio minorista en moneda extranjera, servicios logísticos, aduanas e incluso remesas. Gracias a su red de empresas, incluyendo Gaviota, TRD Caribe y otras firmas vinculadas, el conglomerado ha generado márgenes de ganancia muy superiores al promedio global, a pesar de pagar salarios irrisorios y retener divisas del trabajo de miles de cubanos. En el caso de Gaviota, por ejemplo, los márgenes de beneficio han sido múltiples veces superiores a lo normal en el sector turístico, acumulando cientos de millones en un trimestre incluso con una caída general del flujo turístico.
No obstante, contradiciendo la narrativa de un “bloqueo total” como causa única de la miseria, el monopolio de GAESA sobre las remesas ha sido socavado por canales informales, que hoy mueven la gran mayoría de los fondos enviados desde el exterior directamente a las familias, lo que evidencia el descontento con el régimen y la búsqueda de alternativas fuera de sus estructuras.
La pregunta inevitable es qué pasaría si estos recursos fueran reorientados hacia satisfacer las necesidades de la población y si una intervención de Estados Unidos o cambios en la política exterior podrían alterar este escenario. Las políticas estadounidenses hacia Cuba han oscilado recientemente entre endurecer sanciones a entidades vinculadas al régimen militar y bloquear otras formas de financiamiento externo, con la intención declarada de presionar por reformas políticas y económicas. Sin embargo, el impacto de una intervención directa de Estados Unidos en la economía cubana es objeto de intenso debate: algunos sostienen que aplicar medidas más estrictas sobre los activos de GAESA y promover una apertura económica real podría debilitar la estructura militar que controla la economía y liberar recursos para el pueblo, mientras que otros advierten sobre los riesgos de empeorar la crisis humanitaria si no se acompaña de un claro plan de transición que empodere a la sociedad civil y al sector privado.
Hoy, con un éxodo masivo de ciudadanos buscando mejores condiciones de vida en el extranjero y una economía que sigue contrayéndose, queda claro que la existencia de miles de millones sin ser utilizados para aliviar la crisis profunda de la isla plantea un dilema moral, político y económico. El debate sobre cómo se usan esos recursos, quién los controla realmente y qué efecto tendría su reorientación en beneficio de los cubanos comunes sigue abierto, al tiempo que la vida cotidiana de millones se deteriora entre apagones, escasez de alimentos y salarios insuficientes.
Fuentes: Redacción con información de Agencias
