Una corte federal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió este martes una decisión clave que permite a la administración avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) para más de 60 000 migrantes originarios de Honduras, Nepal y Nicaragua. La resolución suspende una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado la cancelación del programa, y representa un avance significativo para la Casa Blanca en su objetivo de desmontar uno de los pilares humanitarios del sistema migratorio estadounidense.
El TPS, implementado para ofrecer amparo temporal a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis extremas, había brindado a alrededor de 51 000 hondureños, 7 000 nepalíes y casi 3 000 nicaragüenses la posibilidad de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin riesgo inmediato de deportación. Estas designaciones se remontan a eventos como el huracán Mitch en 1998 en Centroamérica y el terremoto de 2015 en Nepal, y fueron sucesivamente renovadas durante décadas ante la persistencia de condiciones adversas.
El panel de tres jueces del Noveno Circuito concluyó que el Gobierno “probablemente” puede justificar legalmente la terminación del TPS y levantó la protección otorgada por la decisión de la jueza de distrito que había cuestionado la revisión de las condiciones en los países de origen. En su argumentación, los magistrados se apoyaron en precedentes recientes del Tribunal Supremo que facilitaron decisiones similares para otros grupos de beneficiarios, como los venezolanos.
La secretaria de Seguridad Nacional celebró el fallo como una “victoria para el Estado de derecho”, insistiendo en que el TPS “nunca se diseñó para ser permanente” y criticando el uso del programa como una especie de amnistía de facto en administraciones anteriores. Algunos funcionarios incluso llegaron a afirmar, en declaraciones públicas, que en casos pasados la política migratoria había sido utilizada para permitir el ingreso de individuos con antecedentes criminales o riesgos de seguridad, una afirmación que ha generado controversia.
Por su parte, organizaciones de derechos de los migrantes criticaron duramente la decisión, advirtiendo que miles de familias, muchas con años de arraigo, trabajo y contribuciones a sus comunidades, ahora enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal y quedar expuestos a procesos de deportación.
Las autoridades hondureñas también se pronunciaron tras conocer el fallo, subrayando que la resolución no constituye una sentencia definitiva y que el litigio continuará en instancias superiores, incluida la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto mantiene en vilo a las comunidades afectadas mientras se define la trayectoria futura del programa y el destino de sus beneficiarios.
Fuentes:
El País, “Un tribunal de apelaciones permite a Trump revocar el TPS de más de 60.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes”, 10 de febrero de 2026.
Infobae, “Un tribunal de EE. UU. permite al Gobierno revocar las protecciones a 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua”, 10 de febrero de 2026.
Univision, “Kristi Noem anuncia fallo que permite quitar protección temporal a migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal”, 10 de febrero de 2026.
La Prensa / El Heraldo (Honduras), comunicados oficiales sobre la cancelación del TPS, 9–10 de febrero de 2026.
