La creciente indignación por la delincuencia y los escándalos políticos erosionó el apoyo a la líder más impopular del país en la historia reciente.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue sometida a juicio político y destituida con rapidez por el Congreso poco después de la medianoche del viernes, luego de que un tiroteo en un concierto de cumbia y la creciente frustración por su fracaso en controlar la delincuencia rampante hicieran que los partidos que la habían respaldado le retiraran su apoyo.
Los congresistas votaron 122-0 para destituir a Boluarte —la presidenta peruana más impopular de las últimas décadas— al invocar una cláusula constitucional que permite al Congreso declarar vacante la presidencia por “permanente incapacidad moral”.
Tanto los congresistas como los manifestantes que se encontraban fuera del edificio celebraron la vacancia.
El presidente del Congreso, José Jerí, es el siguiente en ocupar la presidencia interina hasta las elecciones generales previstas para el 12 de abril, a menos que los congresistas elijan entre ellos a un nuevo líder.
La vacancia de Boluarte es un revés para los partidos de derecha y de centro que habían gobernado eficazmente en coalición con ella durante los últimos tres años, incluso cuando su índice de aprobación descendió de aproximadamente el 21 por ciento, con el que comenzó su mandato, hasta un 2 o 4 por ciento.
El viernes, el Congreso aprobó cuatro mociones para destituirla, con el apoyo de partidos de todo el espectro ideológico.
Su salida se produce en medio de una indignación generalizada por el aumento de la delincuencia.
Perú se enfrenta a un aumento de la extorsión y los asesinatos por encargo controlados por bandas. Los casos de extorsión han aumentado de unos pocos cientos en todo 2017 a más de 2000 al mes este año, según datos de la policía nacional. En los últimos dos años, decenas de conductores de autobús, objetivos de las redes de extorsión, han sido asesinados en el trabajo, y varios conciertos, tiendas y otros pequeños negocios han sido atacados con explosivos.
Mientras los congresistas se preparaban para debatir la destitución de Boluarte, equipos de televisión y pequeñas multitudes de manifestantes se congregaron frente a la embajada de Ecuador en Lima, donde se rumoreaba que estaba considerando la posibilidad de solicitar asilo una vez que perdiera la inmunidad presidencial.
Un manifestante mostró a las cámaras de televisión un cartel en el que se leía “Nos gobierna la vergüenza”.
A principios de esta semana, Boluarte aconsejó a los peruanos que no respondieran a llamadas o mensajes de extorsionadores. “No abran esas llamadas, esos mensajes”, dijo. “Den cuenta a la policía”.
Sus medidas, como estados de emergencia reiterados, han fracasado en gran parte para detener la violencia, y los expertos afirman que varias leyes que respaldó para proteger a aliados políticos han socavado la persecución del crimen organizado.
En el ejemplo más reciente, el miércoles por la noche, unos hombres en motocicleta abrieron fuego con una ametralladora contra un popular grupo de cumbia que actuaba en Lima, dejando heridos a cuatro integrantes del grupo musical, según los medios de comunicación locales.
Boluarte llegó a la presidencia después de que su predecesor, Pedro Castillo, líder del partido marxista del que era vicepresidenta, fuera destituido y detenido en 2022 por intentar hacerse con el control del Congreso y del poder judicial.
Su decisión de sustituirlo en lugar de dimitir —como había prometido en una ocasión, para permitir que se convocaran nuevas elecciones— provocó protestas violentas que causaron la muerte de 49 civiles durante la represión policial y militar. Ahora está siendo investigada por fiscales nacionales de derechos humanos.
Para mantenerse en el poder, Boluarte había contado con el respaldo de una coalición de partidos de derecha y de centro, y sobrevivió a siete intentos de destitución de congresistas de izquierda. Los partidos liderados por los principales aspirantes a la presidencia, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga —fundamentales para su destitución el viernes—, se habían opuesto anteriormente a destituirla.
A solo seis meses de las elecciones, los políticos han intentado distanciarse de Boluarte.
Esta semana, el candidato presidencial conservador Phillip Butters fue agredido por una turba en una emisora de radio en Puno, en el sur del país, mientras defendía su apoyo en el pasado a la represión a los manifestantes tras el ascenso de Boluarte al poder. La policía lo escoltó con un casco mientras los manifestantes lanzaban piedras y desechos.
El episodio reveló el clima político volátil, y algunos observadores dijeron que podría haber impulsado a algunos congresistas de derecha a alejarse de la profundamente impopular presidenta.
Pero “es solamente porque los estímulos electorales han aumentado”, dijo Gonzalo Banda, politólogo peruano del University College de Londres. Tras los recientes disturbios, dijo, “creo que todo el establishment político entendió que ya no había más tiempo”.
Boluarte se ha enfrentado a acusaciones de que aceptó relojes Rolex como soborno, abandonó su cargo para someterse a una operación de cirugía estética y ayudó al prófugo jefe de su antiguo partido marxista a eludir la detención, acusaciones que ella niega.
La controversia sobre los relojes reverberó en un país con una economía tambaleante y cada vez más hambre, minando el progreso de Perú, que había sido alabado por consolidar su democracia y sacar a millones de personas de la pobreza durante un auge de las materias primas impulsado por la minería.
“Creo que pocos presidentes han afrontado crisis políticas con tanta frivolidad como lo ha hecho Boluarte”, dijo Banda.
“Sintió que después de las protestas iniciales tenía casi carta libre, con un Congreso desinteresado en hacer control político”, añadió. “Pero todo es muy precario en el Perú”.
Su vacancia también se produce en medio de una larga agitación política, en la que seis expresidentes han pasado tiempo en prisión en las últimas dos décadas, tres de ellos condenados por corrupción.
Desde 2016, los escándalos de corrupción han dominado a Perú. Dos presidentes, Castillo y Martín Vizcarra, fueron destituidos; otro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió para evitar su destitución; y casi todos los expresidentes vivos se han enfrentado a investigaciones por corrupción o abusos contra los derechos humanos. Alan García, quien ocupó el cargo en las décadas de 1980 y los 2000, se suicidó en 2019 cuando las autoridades llegaban para detenerlo.
En abril, la ex primera dama Nadine Heredia solicitó asilo en la embajada de Brasil en Lima después de que ella y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, fueran condenados a 15 años por blanquear casi 3 millones de dólares —la mayoría procedentes de la empresa brasileña Odebrecht— para financiar las campañas de Humala de 2006 y 2011.
Otros expresidentes también se vieron implicados en investigaciones relacionadas con Odebrecht: Alejandro Toledo fue condenado el año pasado a 20 años por aceptar 35 millones de dólares en sobornos, mientras que Kuczynski pasó años bajo arresto domiciliario por cargos que niega.
Algunos se enfrentaron a cargos más graves. Alberto Fujimori, quien gobernó con tácticas autoritarias en la década de 1990, estuvo más de una década en prisión por abusos contra los derechos humanos y corrupción antes de su polémico indulto en 2023. Murió el año pasado a los 86 años.
Más recientemente, Castillo, el primer presidente de izquierda de Perú en una generación, se ha enfrentado a acusaciones de rebelión y abuso de autoridad por intentar disolver el Congreso en 2022. Ese mismo año, México concedió asilo a su familia, lo que llevó al gobierno peruano a expulsar al embajador mexicano.
Boluarte es profundamente impopular, pero también se desconfía ampliamente del Congreso. Cualquier medida de los congresistas para consolidar el poder podría impulsar nuevos disturbios si se considera que explotan la crisis para obtener beneficios políticos.
Uno de los manifestantes frente al edificio del Congreso sostenía un cartel que decía: “Delincuentes sacrifican a delincuentes para quedar como héroes”.
Fuente. The New york Times
