San José. La declaratoria de secreto de Estado sobre información relacionada con organismos y operaciones de seguridad nacional ya llegó a la Sala Constitucional, que estudia la admisibilidad de dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por la presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos.
La controversia se originó con el decreto ejecutivo N.° 45870, publicado en La Gaceta, mediante el cual el Gobierno estableció restricciones de acceso a información vinculada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de trabajo denominado Fuerza Élite y otras coordinaciones de seguridad y defensa del Estado dirigidas desde la Presidencia.
La medida también comprende información relacionada con contrataciones públicas, documentos, presupuestos, planes operativos, expedientes de contratación, requerimientos técnicos, estudios de mercado, ofertas financieras, contratos y proveedores asociados con las entidades y actividades incluidas en la declaratoria.
Gobierno argumenta razones de seguridad
El Poder Ejecutivo sostiene que la decisión responde a razones de interés público, seguridad y defensa nacionales. De acuerdo con el decreto, revelar determinada información podría exponer capacidades operativas, recursos estratégicos y vulnerabilidades de las instituciones encargadas de la seguridad, además de poner en riesgo a funcionarios y otras personas.
El Gobierno también relaciona la medida con los riesgos derivados de estructuras del crimen organizado, entre ellas organizaciones vinculadas con narcotráfico, sicariato y lavado de dinero. Bajo esa justificación, la norma establece obligaciones de confidencialidad para funcionarios, asesores, consultores, contratistas y otras personas que tengan acceso a la información protegida.
Oposición cuestiona el alcance
Las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa han expresado dudas sobre la amplitud de la declaratoria. Los cuestionamientos se concentran, entre otros aspectos, en que el secreto abarque información relacionada con presupuestos, compras públicas y contrataciones, ámbitos en los que normalmente existen mecanismos de fiscalización y acceso a información de interés público.
Diputados de distintas bancadas han advertido que una aplicación amplia de la figura podría dificultar los controles sobre el uso de recursos públicos y el funcionamiento de organismos de seguridad. Algunos legisladores anunciaron que analizarían el decreto y sus posibles implicaciones jurídicas e institucionales. (
La discusión no se limita al ámbito político. Abogados consultados por La Nación ofrecieron posiciones distintas sobre la constitucionalidad de la medida. Cuatro de los cinco juristas consultados por ese medio manifestaron dudas o consideraron que el decreto presenta problemas constitucionales, mientras que otro defendió la potestad del Poder Ejecutivo para utilizar un decreto con el propósito de proteger información relacionada con la seguridad nacional.
La decisión queda ahora en manos de la Sala IV
La Sala Constitucional deberá determinar primero si admite las gestiones presentadas. Según información divulgada por el propio tribunal a El Observador, actualmente se encuentran en estudio de admisibilidad dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad. Uno de los recursos cuestiona específicamente la declaratoria de secreto sobre información relacionada con organismos de seguridad, contrataciones y presupuestos públicos.
El debate plantea una tensión entre dos intereses constitucionales: la protección de información cuya divulgación pueda comprometer operaciones de seguridad y el principio de publicidad y acceso a la información de interés público.
La jurisprudencia constitucional costarricense ya ha abordado en ocasiones anteriores los límites y fundamentos del secreto de Estado. En una resolución de 2016, por ejemplo, la Sala analizó una declaratoria relacionada con información diplomática y señaló consideraciones sobre la competencia del Poder Ejecutivo en materias de seguridad y relaciones exteriores.
El alcance definitivo del decreto de Laura Fernández dependerá, por tanto, de la valoración que realice la Sala Constitucional sobre cada una de las restricciones establecidas y sobre si estas se ajustan a las garantías previstas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico costarricense.
Por ahora, la controversia permanece abierta: mientras el Gobierno sostiene que la confidencialidad es necesaria para proteger operaciones y capacidades de seguridad, sectores de la oposición cuestionan que la reserva pueda extenderse a información administrativa, presupuestaria y contractual. La resolución de la Sala IV será determinante para establecer hasta dónde puede llegar esa reserva y cuáles datos deberán permanecer accesibles al escrutinio público.
Fuiente. Redacción
