La Corte Penal Internacional (CPI) concluyó que no existe una base razonable para abrir una investigación sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión, anunciada por la Fiscalía del tribunal con sede en La Haya, se refiere al caso denominado “Situación en Venezuela II”, iniciado tras una denuncia presentada por el gobierno venezolano en 2020.
En esa remisión, Caracas sostuvo que las llamadas “medidas coercitivas unilaterales” de Washington habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos contra la población.
Sin embargo, tras un examen preliminar, los fiscales concluyeron que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación suficiente de causalidad ni de intención criminal entre las sanciones estadounidenses y los delitos denunciados.
Según la oficina del fiscal, la información analizada tampoco demuestra que los supuestos actos se hayan cometido con la intención necesaria para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
Caracas puede pedir una revisión
La CPI notificó su decisión tanto a las autoridades venezolanas como a la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal. El gobierno de Venezuela dispone ahora de 90 días para solicitar una revisión de la decisión.
La Fiscalía subrayó además que esta resolución no afecta a otra investigación distinta, conocida como “Venezuela I”, que sigue en curso y examina presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, especialmente relacionados con detenciones y represión política.
Asimismo, el tribunal aclaró que la decisión no está vinculada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela, cuando el gobierno estadounidense capturó al exmandatario Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos mientras enfrenta cargos por narcotráfico.
Fuente. Redacción con informacion EFE.
