( SPUTNIK) Todas las alarmas se encendieron en México durante la segunda quincena de junio de 2020, cuando fue anunciado el tratamiento y aprobación express de seis leyes que tienen que ver con condiciones pautadas en la re-negociación del nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Una de estas leyes plantea la modificación de la ya existente Ley Federal de Variedades Vegetales, la cual establece el marco legal para el libre intercambio de semillas entre los productores y campesinos mexicanos y que de concretarse la modificación, se avendría un régimen privativo para su uso, restringido por las reglas del pago de patentes ya que el Estado mexicano pasaría a reconocer los derechos de las grandes empresas multinacionales que controlar el mercado mundial de la semilla, como obtentores vegetales de variedades protegidas.
Esta pelea contra el avance privatizador del campo mexicano tiene diversos frentes que Sputnik ha ido repasando. A los reclamos de la amplia coordinación civil en torno a la campaña Sin maíz no hay país se sumaron también las voces de académicos e investigadores de una trayectoria impecable y lógicamente, también se ha hecho visible la oposición de un sector del Gobierno mexicano a esta privatización encubierta.
Así, aunque la propuesta de modificación legislativa haya sido llevada al Congreso por un legislador del propio partido de Gobierno —así como el anuncio de su aprobación express fue dado por el coordinador de la bancada del mismo partido— la discusión en torno a cómo alcanzar la soberanía alimentaria divide la opiniones dentro de la fuerza política.
Salvaguardas dentro del T-MEC
Del Bosque integra la comisión Desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria que tiene a su estudio la propuesta de modificación a la mencionada Ley Federal de Variedades Vegetales, presentada por el presidente de dicha comisión, Eraclio Rodríguez Gómez, diputado electo por Morena en el estado de Chihuahua.
El Acta de la Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1991 (Upov91) establece un formato que reconoce que las semillas agrícolas pueden patentarse y que acorde a ese reconocimiento, cada Estado que se adhiera a Upov91 deberá crear los mecanismos institucionales acordes para garantizar a los portadores de las patentes el cobro de las regalías como obtentores de variedades vegetales protegidas.
sta acta de Upov91 se contrapone con el acta Upov78 que es a la que México adhiere actualmente y que permite actividades consideradas básicas en la práctica de la agricultura, como es el libre intercambio de semillas entre los productores y campesinos en el entendido allí reside una de las bases del mejoramiento genético natural de las plantas y que este intercambio promueve su complejo proceso de adecuación a los entornos dónde son producidas.
Ese es el planteo medular de la modificación de la Ley de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez: presenta el mecanismo por medio del cual el Estado mexicano garantiza a las trasnacionales el pago de patentes por sus derechos —así como las sanciones a quienes incumplan— al abrir la posibilidad de reconocer a actores privados individuales —particularmente a las tres empresas monopólicas del sector— como obtentores vegetales de plantas que, en realidad, son producto del trabajo de miles de mexicanos anónimos.
La discusión en torno a la posible aprobación express de la modificación de la Ley Federal de Variedades vegetales en la Cámara baja de México continúa este martes 23 de junio en la Comisión que integra Del Bosque.