La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca transformar profundamente el modelo eléctrico costarricense. La propuesta avanza en medio de fuertes tensiones políticas, advertencias técnicas y protestas sociales, debido a que redefine el papel del Estado, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de los actores privados dentro del mercado energético nacional.
El proyecto pretende modernizar el sistema eléctrico mediante la apertura parcial del mercado, la creación de nuevas reglas de competencia y el establecimiento de un operador independiente denominado Ecosen, encargado de coordinar el Sistema Eléctrico Nacional. Sus impulsores aseguran que la reforma permitirá reducir costos, atraer inversión y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías energéticas. Sin embargo, sus detractores consideran que podría debilitar el modelo solidario construido durante décadas alrededor del ICE y abrir la puerta a una eventual privatización del servicio eléctrico. de Armonización Eléctrica?
La iniciativa reorganiza el funcionamiento del sistema eléctrico costarricense. Entre los cambios más importantes destacan:
- Creación de un mercado mayorista eléctrico.
- Implementación de subastas energéticas para contratar generación.
- Separación de funciones de planificación y operación del sistema.
- Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).
- Participación más amplia de empresas privadas en generación y comercialización de energía.
- Nuevos mecanismos regulatorios bajo supervisión estatal.
El proyecto mantiene al ICE como generador y transmisor eléctrico, aunque le retira algunas funciones históricas relacionadas con la coordinación integral del sistema. Según el texto impulsado por el Gobierno, el ICE seguiría siendo un actor estratégico dentro del nuevo esquema energético nacional.
Beneficios señalados por los defensores del proyecto
1. Modernización del sistema eléctrico
Los promotores de la ley sostienen que el modelo actual necesita actualizarse para responder al crecimiento de la demanda energética, la electrificación del transporte y las nuevas tecnologías de generación distribuida. Argumentan que Costa Rica requiere un sistema más flexible y competitivo para enfrentar los retos energéticos del futuro.
2. Mayor competencia y posible reducción de tarifas
Uno de los principales argumentos del Gobierno y sectores empresariales es que la apertura regulada del mercado permitiría incentivar la competencia entre generadores eléctricos, lo que eventualmente podría traducirse en tarifas más bajas para hogares, industrias y comercios.
3. Atracción de inversión privada
La reforma busca facilitar nuevas inversiones nacionales e internacionales en proyectos de energía renovable, almacenamiento eléctrico y transmisión. Sus impulsores consideran que el país necesita ampliar rápidamente su capacidad energética para sostener el crecimiento económico y atraer empresas tecnológicas e industrialesS.
4. Impulso a nuevas tecnologías
La ley promueve una estructura que facilitaría el desarrollo de energías renovables no convencionales, redes inteligentes, sistemas de almacenamiento y participación de pequeños productores eléctricos. Esto podría acelerar la transición energética y mejorar la resiliencia del sistema nacional.
Principales perjuicios y críticas al proyecto
1. Riesgo de debilitamiento del ICE
Los sectores opositores consideran que la iniciativa fragmenta el modelo eléctrico público construido alrededor del ICE y reduce su capacidad histórica de planificación estratégica. Según informes legislativos y académicos, Ecosen asumiría competencias fundamentales que actualmente ejerce el instituto.
2. Temor a una privatización progresiva
Sindicatos, universidades públicas y organizaciones sociales advierten que la apertura del mercado podría derivar gradualmente en una privatización parcial del sistema eléctrico costarricense, especialmente en generación y comercialización de energía.
3. Posible impacto en las tarifas rurales y sociales
Expertos críticos señalan que la lógica de competencia podría afectar el principio de solidaridad tarifaria que ha permitido llevar electricidad a zonas rurales y comunidades alejadas. Existe preocupación de que las empresas privadas prioricen mercados rentables y reduzcan incentivos para la expansión social del servicio.
4. Cuestionamientos constitucionales y legales
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa indicó que el proyecto presenta posibles roces de constitucionalidad y que requeriría una mayoría calificada de 38 votos para aprobarse definitivamente. El informe también señaló la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos antes de su aprobación final.
5. Conflicto social y político
La discusión ha reavivado recuerdos del denominado “Combo ICE” del año 2000, cuando miles de costarricenses protestaron contra proyectos de apertura energética y telecomunicaciones. Diversos sectores sociales han convocado manifestaciones y alertan sobre posibles movilizaciones si el proyecto avanza hacia segundo debate.
Un panorama político incierto
Aunque el proyecto superó el primer debate legislativo, todavía enfrenta obstáculos importantes. La oposición de varias fracciones, entre ellas el Partido Liberación Nacional, complica alcanzar los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva. (
La discusión continuará en los próximos días en un ambiente de alta polarización política y social. Mientras el Gobierno insiste en que la reforma es indispensable para modernizar el sistema eléctrico, los críticos sostienen que Costa Rica podría estar ante uno de los cambios estructurales más delicados en materia energética de las últimas décadas.
El futuro de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional no solo definirá el modelo energético del país, sino también el equilibrio entre participación estatal y privada en un sector considerado estratégico para el desarrollo nacional.
Fuente. Redacción
