La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó este martes su nuevo informe sobre Venezuela.
En julio del año pasado, Bachelet publicó el informe donde condenaba fuertemente la actuación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por ende, dio 23 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero el Palacio de Miraflores solamente atendió dos de las peticiones.
En primera instancia, el informe apuntó que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen grandes obstáculos para conseguir justicia. “La eficacia de los recursos legales se ve socavada debido a la falta de respuestas oportunas y adecuadas” por parte del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, a lo que se suma la falta de información pública.
“La ausencia de procesos judiciales que tengan en cuenta las consideraciones de género y estén centrados en la defensa de las víctimas, y la falta de medidas de protección efectivas han agravado la desconfianza en el sistema de justicia”, señaló la ONU.
Condenó la dificultad de impartir justicia en Venezuela
Igualmente, reconoció que el Ministerio Público designado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se ha esforzado por llevar a la justicia a los violadores de derechos humanos en las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) son variadas, por parte de la ciudadanía.
“Sin embargo, aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género”, lamentó.
Igualmente, aseveró que el régimen emplea al sistema judicial para perseguir a sus enemigos políticos. Por ende, la justicia no se puede emplear independientemente para proteger los derechos humanos.
Informe Bachelet apuntó a la situación en el Arco Minero del Orinoco
El documento que el informe reconoció que el régimen no ha hecho esfuerzos insuficientes para por regular la actividad minera en el Arco Minero del Orinoco (AMO). “Existe un patrón de explotación de minero, incluyendo trabajo infantil, por parte de grupos criminales y armados que controlan las actividades mineras, y recibió informes sobre la trata de personas y prostitución forzada”, reveló.
Lamentó la situación de los mineros, que trabajan “muchas horas en condiciones peligrosas”, mientras son expuestos a mercurio y enfermedades. Además, deben cumplir sus labores en un marco de un alto nivel de violencia y violaciones de derechos humanos.
Según este informe, hay una disputa entre elementos armados y criminales organizados por el control de las minas. Incluso, las fuerzas de seguridad del Estados estarían involucradas en los enfrentamientos.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad dentro del AMO y sus alrededores, y de los esfuerzos para hacer frente a la actividad criminal, las autoridades no han podido prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, explicó.
Finalmente, la situación en el Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería ilegal ha afectado a los pueblos indígenas. Se estarían violando sus “derechos con respecto a sus tierras, territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y en seguridad”.