Crisis Social sin precedentes en PANAMÁ

El país centroamericano atraviesa graves problemas institucionales y sociales. Las propuestas de diálogo por parte del Gobierno y las medidas paliativas a la inflación no parecen haber sido suficientes para calmar el enojo.

Desde hace dos semanas, sindicatos de la construcción, organizaciones indígenas, productores agropecuarios, gremios docentes y de salud, transportistas, pescadores y más elementos sociales han organizado cierres de calles en todo el país y concentraciones frente a las instituciones públicas.

Los motivos inmediatos del descontento son los mismos que en el resto del continente y del mundo: el aumento del precio del petróleo y la inflación que ha generado sobre los bienes de primera necesidad. El pliegue de peticiones va del más coyuntural (precio de la gasolina, de la canasta básica y de los medicamentos) al más estructural (seguro de desempleo, reforma fiscal…).

El gobierno de Panamá llegó a un acuerdo el domingo con comunidades indígenas para rebajar el precio de la gasolina y despejar parte de la vía Panamericana que bloqueaban, pero el grueso de la protesta, impulsada por otros grupos que también negocian con el gobierno, mantiene los cortes.

La crisis actual difícilmente podría ser una sorpresa. Los últimos meses habían dado amplias señales sobre el descontento ciudadano. En octubre de 2019, estudiantes de universidades privadas y públicas y miembros de los movimientos feminista y LGBT panameños se movilizaron durante semanas en contra de unas reformas constitucionales que, aunque necesarias, no cumplían con el objetivo al que las encuestas de opinión pública apuntaban: defender a los pobres.

Pasada una pandemia que trajo consigo una de las peores recesiones del mundo al país (-17,9 %), se reanudaron focos de descontento, por motivos tan variados como la precaria situación de la caja del seguro social, el desempleo o una impopular reforma electoral.

Las propuestas de diálogo por parte del Gobierno y las medidas paliativas a la inflación no parecen haber sido suficientes para calmar el enojo. Los grupos organizados están determinados a seguir con los bloqueos, mientras sube el nivel de tensión en la población y las fuerzas públicas. Y esto es porque, más allá del precio de la gasolina.

La situación es compleja y, teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestarias, el Gobierno tiene poco margen de maniobra para negociar con los que protestan. Hasta el momento, las negociaciones se han centrado sobre un subsidio a la gasolina, que sería pagado con recortes al funcionamiento estatal, en particular con un recorte del 10 % del funcionariado. Sin embargo, parece que parte de las organizaciones están buscando reformas más estructurales que puedan dar respuestas de mayor alcance a las cinco crisis que hemos descrito.

*Claire Nevache realiza su doctorado en ciencias políticas, Universidad Libre de Bruselas (ULB)

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