Educación pública en riesgo por caída en la inversión, señala la Defensoría
La educación pública costarricense enfrenta un escenario complejo ante la disminución sostenida en los niveles de inversión estatal, advirtió la Defensoría de los Habitantes en un reciente pronunciamiento en el que alerta sobre posibles retrocesos en calidad, cobertura e infraestructura del sistema educativo.
Según el órgano defensor, la reducción en los recursos destinados al sector podría comprometer el cumplimiento del mandato constitucional que establece la educación como un derecho fundamental y una prioridad nacional. La institución recordó que la Constitución Política fija un piso mínimo del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, meta que en los últimos años ha enfrentado dificultades para concretarse en términos reales.
Impacto en infraestructura y servicios
Uno de los principales focos de preocupación es el deterioro de la infraestructura educativa. Escuelas y colegios en distintas regiones del país presentan problemas estructurales, limitaciones en servicios básicos y carencias en equipamiento tecnológico, una situación que se agrava en zonas rurales y costeras.
La Defensoría advirtió que la falta de inversión sostenida podría retrasar proyectos de construcción, mantenimiento y modernización de centros educativos, afectando directamente a miles de estudiantes. Además, señaló que los recortes presupuestarios pueden incidir en programas de apoyo como comedores escolares, transporte estudiantil y becas, fundamentales para garantizar la permanencia en el sistema.
Brechas educativas en aumento
Otro de los puntos señalados es el riesgo de ampliación de las brechas educativas. Las diferencias en acceso a recursos tecnológicos, conectividad y personal docente especializado podrían profundizar desigualdades entre regiones y estratos socioeconómicos.
La pandemia dejó al descubierto debilidades estructurales en el sistema educativo, especialmente en lo referente a educación virtual y acceso digital. Si bien se han realizado esfuerzos para recuperar aprendizajes, la Defensoría advierte que sin un financiamiento adecuado estos avances podrían verse limitados.
Especialistas en educación coinciden en que la inversión no solo debe mantenerse, sino orientarse estratégicamente hacia áreas prioritarias como formación docente, innovación pedagógica y atención a estudiantes en condición de vulnerabilidad.
Llamado al Estado y al Poder Ejecutivo
En su informe, la Defensoría hizo un llamado al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Asamblea Legislativa para revisar la política presupuestaria del sector y garantizar recursos suficientes y sostenibles. También instó a reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los fondos asignados.
Desde el Ejecutivo, autoridades han señalado que las restricciones fiscales responden al contexto económico y a la necesidad de cumplir con reglas de responsabilidad financiera. No obstante, reiteraron que la educación sigue siendo una prioridad en la agenda gubernamental.
Por su parte, representantes sindicales y organizaciones estudiantiles han manifestado preocupación por posibles recortes y han solicitado espacios de diálogo para analizar alternativas que permitan proteger la inversión educativa sin comprometer la estabilidad fiscal.
Derecho fundamental en juego
La Defensoría recordó que la educación es un pilar para el desarrollo social y económico del país, y advirtió que cualquier debilitamiento en su financiamiento puede tener consecuencias de largo plazo en la movilidad social, la productividad y la cohesión democrática.
El debate sobre la inversión en educación pública se da en un momento en que Costa Rica enfrenta desafíos en empleo juvenil, deserción escolar y recuperación académica tras los efectos de la pandemia. Para diversos sectores, la discusión no solo es presupuestaria, sino estratégica: definir el modelo de desarrollo que el país desea fortalecer en los próximos años.
Mientras continúan las negociaciones presupuestarias, el señalamiento de la Defensoría coloca nuevamente la educación en el centro del debate nacional, abriendo interrogantes sobre cómo equilibrar disciplina fiscal con la garantía efectiva de derechos fundamentales.
Fuente. Redacción con importación Oficina Prensa DHR
