La confrontación entre la Contraloría General de la República (CGR) y el presidente Rodrigo Chaves alcanzó un nuevo punto crítico. La tarde de este jueves, la contralora general Marta Acosta Zúñiga envió un oficio al mandatario en el que rechaza categóricamente sus declaraciones sobre supuestas ilegalidades y retrasos en contrataciones públicas, y lo acusa de difundir falsedades que confunden a la ciudadanía.
El documento, identificado como oficio DC-0246 (15176)-2025, contiene transcripciones de las afirmaciones hechas por Chaves en la conferencia de prensa semanal del 20 de agosto y en la inauguración del Ebáis en el Llano de Desamparados un día antes, así como las aclaraciones técnicas de la CGR.
Además, exige que en la próxima conferencia de prensa presidencial se lean íntegramente los párrafos enviados por la institución como parte del derecho de rectificación y respuesta establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
“Se ha hecho costumbre utilizar temas sensibles en materia de educación y salud, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe”, denunció la contralora en el oficio.
Escuelas Santa Elena y Portalón: el inicio de la disputa
Uno de los temas que detonó el reclamo fue la construcción de las escuelas Santa Elena, en Monteverde, y Portalón, en Quepos, financiadas con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En conferencia de prensa, Chaves acusó directamente a la Contraloría de frenar ilegalmente el proyecto:
“La que está actuando en ilegalidad es la Contraloría. Nosotros estamos cumpliendo la normativa aprobada de ley porque cada contrato de préstamo internacional es aprobado por una ley específica donde le dice a la Contraloría: no son los métodos de compras públicas normales. ¿A qué parte no sabe leer la Contralora?”, acusó Chaves Robles.
El mandatario agregó que acudiría “a todos los extremos de la ley, incluyendo acusaciones penales” contra la jerarca y su equipo, a quienes calificó de “nefastos”.
La CGR respondió que tales acusaciones son “falsas y malintencionadas”. Explicó que el Ministerio de Educación había declarado fracasados los concursos por un detalle formal irrelevante y que, al recibir apelaciones, la Contraloría anuló esa decisión para que el proceso continuara. De no haberlo hecho, el trámite debía reiniciarse desde cero, con un atraso mayor para las comunidades.
“Es falso que la Contraloría haya actuado ilegalmente u obstaculizado la construcción. Nuestras resoluciones permiten seguir adelante con las obras”, puntualizó el oficio.
El hospital de Cartago: plazos y omisiones
Otro de los roces gira en torno al nuevo hospital de Cartago, una obra largamente esperada en la provincia. Durante la conferencia, Chaves y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, aseguraron que la CGR había incumplido los plazos de 45 días para dar el refrendo al contrato.
“Yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”, ironizó Chaves ante los periodistas.
La Contraloría desmintió esas afirmaciones, precisando que la CCSS solicitó dos prórrogas y tardó un mes en entregar información solicitada para el análisis.
“Ese es un dato omitido deliberadamente por la Presidenta Ejecutiva de la Caja. La responsabilidad recae en la CCSS, no en esta institución”, aclaró.
Acosta también señaló el carácter violento y misógino de la burla presidencial: “Han sido meses de agresiones, todos debidamente documentados como lo exige la ley para cualquier proceso judicial posterior”.
Caso “Barrenador”: acusaciones de corrupción
Las tensiones no se limitaron al ámbito educativo o hospitalario. En la inauguración del Ebáis de Coopesalud en Desamparados, Chaves acusó públicamente a funcionarios de la Contraloría de estar coludidos con auditores de la Caja, fiscales y jueces en el caso conocido como “Barrenador”, en el que se investigaron presuntas irregularidades en contrataciones de equipos médicos.
“Es increíble la inmoralidad en la que ha caído la alianza de ciertos empleados de la Caja, la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial. El caso Barrenador lo hicieron al propio, todo basado en mentiras, para impedirle a la Caja dar servicios de calidad”, declaró.
Para la CGR, se trata de acusaciones gravísimas, sin pruebas y con la clara intención de desacreditar al órgano contralor.
“Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y que, si cuenta con pruebas, proceda a interponer las denuncias. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables”, reza el oficio.
Rectificación obligatoria en conferencia de prensa
En aplicación del derecho de rectificación, la Contraloría exigió que en la próxima conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial se lean, de manera oficial, los párrafos aclaratorios preparados por la institución.
Entre ellos destacan:
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Que las resoluciones sobre las escuelas Santa Elena y Portalón respetan la normativa BCIE y permiten continuar el trámite.
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Que el contrato del hospital de Cartago ya está adjudicado y el retraso obedece a la demora de la CCSS en entregar información, no a incumplimientos de la CGR.
La medida busca contrarrestar lo que la Contraloría describe como una campaña de desinformación sostenida desde la Presidencia.
Una relación marcada por la confrontación
El choque entre Chaves y la Contraloría no es nuevo. Desde su llegada a la Presidencia en mayo de 2022, el mandatario ha acusado repetidamente al órgano contralor de “obstaculizar” proyectos de infraestructura y de actuar con sesgos políticos.
En varias ocasiones, Chaves ha tildado a la Contraloría de “ente burocrático” y ha ridiculizado a su jerarca. Por su parte, la CGR ha insistido en que sus resoluciones se ajustan a la ley y buscan garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
El trasfondo de este enfrentamiento es más amplio: el modelo costarricense de control previo de la Contraloría sobre los contratos estatales, que limita la discrecionalidad del Ejecutivo y lo obliga a someterse a un marco técnico-jurídico antes de ejecutar proyectos multimillonarios.
Impacto en la institucionalidad
La disputa trasciende el plano personal entre Chaves y Acosta. Lo que está en juego es la independencia y legitimidad de los órganos de control en Costa Rica.
Diversos sectores han advertido que los ataques sistemáticos del presidente contra la Contraloría podrían debilitar la confianza ciudadana en la institución encargada de velar por la legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
“Cuando un presidente acusa sin pruebas de corrupción a la Contraloría, a la Fiscalía y al Poder Judicial, erosiona la credibilidad de todo el sistema de pesos y contrapesos que sostiene la democracia costarricense”, señaló un analista consultado por este medio.
¿Qué sigue?
La pelota ahora queda en Casa Presidencial. Si el mandatario se niega a cumplir con la lectura exigida en su próxima conferencia, la Contraloría podría recurrir a la Sala Constitucional para hacer valer su derecho de rectificación.
Entretanto, el oficio deja constancia formal de lo que la institución describe como “una campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras”.
La contralora Acosta cerró con un mensaje contundente: “Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable”.
Con esta nueva escalada, el pulso entre Rodrigo Chaves y la Contraloría se convierte en un eje central de la discusión política nacional, con implicaciones directas para la gobernabilidad, la institucionalidad y la confianza en el Estado costarricense.
Fuente. 21 Ago (Elpais.cr)