El Poder Judicial de Costa Rica remitió este lunes a la Asamblea Legislativa la resolución de la Corte Plena en la que solicita el levantamiento del fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— del presidente Rodrigo Chaves Robles y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, en el marco de una acusación penal presentada por la Fiscalía General de la República.
La petición surge tras la aprobación, el pasado 1 de julio, de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena que, por mayoría de 15 votos a favor y 7 en contra, avaló trasladar al Congreso el expediente que acusa a ambos jerarcas por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.
Según el Ministerio Público, Chaves y Rodríguez habrían intervenido en la contratación de servicios de comunicación por un monto de 405.800 dólares mediante un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La adjudicación fue otorgada a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del publicista Christian Bulgarelli Rojas, en condiciones que, según la acusación, habrían favorecido a personas cercanas al mandatario.
Presunta injerencia y desvío de recursos
La investigación señala que, como parte del acuerdo, Bulgarelli habría entregado 32.000 dólares a Federico “Choreco” Cruz Saravanja, exasesor de imagen presidencial y expresidente del partido Aquí Costa Rica Manda, movimiento político que acompañó al oficialismo en las elecciones municipales pasadas sin lograr resultados significativos. Dichos fondos habrían sido utilizados para la compra de una vivienda.
De acuerdo con la Fiscalía, tanto Chaves como Rodríguez, en su condición de jefe de despacho presidencial en ese momento, sostuvieron reuniones en Casa Presidencial con Bulgarelli para definir los términos de referencia del contrato que derivó en la contratación cuestionada.
Procedimiento histórico en la Asamblea
La resolución enviada por el Poder Judicial marca un precedente histórico, pues es la primera ocasión en la que se solicita al Parlamento levantar la inmunidad de un presidente de la República en ejercicio.
«Se traslada a los diputados la solicitud del levantamiento del fuero de improcedibilidad del Presidente de la República y su Ministro de Cultura, para su análisis, discusión y eventual decisión», informó la oficina de prensa del Poder Judicial mediante un comunicado.
El presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, no respondió consultas de este medio sobre el procedimiento que seguirá el Congreso para atender esta solicitud. Dado que no existen antecedentes en la materia, corresponderá a la Presidencia del Directorio Legislativo definir los pasos a seguir y establecer el mecanismo que permita a los diputados analizar la solicitud en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Contexto de la acusación
La denuncia formal contra Chaves y Rodríguez fue presentada por la Fiscalía en abril de este año y se relaciona con una presunta injerencia en el manejo de fondos del convenio con el BCIE para servicios de comunicación estratégica. La causa sostiene que la adjudicación a RMC La Productora S.A. se diseñó de manera que beneficiara a figuras cercanas al Ejecutivo.
El delito de concusión, por el cual se les acusa, se configura cuando un funcionario público exige o utiliza indebidamente fondos o beneficios aprovechando su cargo. En este caso, la Fiscalía argumenta que la estructura del contrato permitió la disposición irregular de recursos que fueron desviados hacia fines ajenos al convenio original.
Sin precedentes y con impacto político
El trámite en la Asamblea podría convertirse en un proceso de alto impacto político, no solo por la investidura del presidente, sino porque el resultado podría abrir la puerta a que Chaves y Rodríguez enfrenten un juicio penal en condición de ciudadanos sin fuero.
Analistas consultados señalan que el proceso podría tomar varias semanas o incluso meses, dependiendo de la ruta procedimental que defina el Directorio Legislativo y de las posiciones que adopten las fracciones parlamentarias frente a un tema que, por su naturaleza, exige mayoría calificada.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión de la Corte Plena ni sobre el trámite que se iniciará en el Primer Poder de la República.
Fuente. elpaiscr
