China es un país autoritario, uno de los que registra puntuaciones más bajas en los rankings internacionales de libertades fundamentales. Además, es el que más penas de muerte ejecuta. Sin embargo, el Gobierno chino está impulsando una visión propia con la que pretende liderar el sistema internacional de protección de derechos humanos. Mientras defiende su gestión y rechaza las críticas, Pekín trata incluso de dar lecciones a los países occidentales en esta materia.
La ONG Freedom House da a Pekín una puntuación de 10 sobre 100 tanto en libertades globales como en internet. China ocupa el puesto 177 de 180 países en cuanto a libertad de prensa, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. En 2019, la ONU pidió información sobre veinte casos de desaparición forzada ocurridos en China en tan solo un cuatrimestre. Ese mismo año, los archivos filtrados conocidos como los “cables de China” confirmaban la represión sistemática de la minoría china musulmana uigur en la provincia de Xinjiang. A esto se le suman numerosas acusaciones de tortura, detenciones arbitrarias y un sistema de control social cada vez más sofisticado. Además, China es el país que más ejecuciones practica: aunque el Gobierno no publica el número exacto, se estima que son varios miles al año. Kenneth Roth, director de la ONG Human Rights Watch, considera que la represión en China desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2013 es la “más feroz que el país ha visto en décadas”.
Sin embargo, el Gobierno chino publicó en 2018 un libro blanco ensalzando sus progresos en materia de derechos humanos en los últimos cuarenta años.