La Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá denunció violaciones a las libertades elementales e instó en Naciones Unidas a rechazar un informe gubernamental presentado en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
De acuerdo con un comunicado de ese colectivo, el documento oficial que el Ejecutivo aporta como prueba de avances, constituye, en realidad, una burla al pueblo y una negación del derecho a la verdad.
Su contenido omite, distorsiona y encubre violaciones graves, sistemáticas y continuadas de derechos humanos ocurridas en el país entre 2020 y 2025, indica el documento.
En el informe se relata que en el periodo 2023-2025, Panamá vivió un proceso sostenido de militarización de la vida y el Estado respondió con violencia a las legítimas movilizaciones contra una norma de pensiones.
Operativos como la denominada “Operación Omega” en la occidental provincia de Bocas del Toro derivó en muertos, heridos, torturados y detenidos arbitrariamente, lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad, al igual que sucedió en Darién, donde la represión alcanzó comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, con uso desproporcionado de la fuerza y restricción de libertades fundamentales, según indica el mensaje.
Además rechaza la persecución política de la que son objeto sindicatos como el de los constructores con cierre de cuentas bancarias, allanamientos ilegales en residencias de dirigentes y familiares, detenciones arbitrarias y torturas, así como el exilio forzado de sus principales lideres.
Según el documento enviado a ONU, el Estado panameño ha extendido su política represiva al sector educativo y denuncia que más de 290 docentes fueron suspendidos, sancionados o separados sin salario por participar en las movilizaciones legítimas contra la llamada Ley 462, entre otras, impuestas sin diálogo y que vulneran derechos laborales, sociales y ambientales del pueblo.
Además subraya que el Estado panameño incurre en una violación masiva y estructural del derecho a la vivienda y al hábitat, actualmente, pues más de un cuarto de millón de familias (250 mil ) carecen de una vivienda digna.
Mientras el Gobierno presume planes habitacionales, en la práctica se ejecutan desalojos forzosos en comunidades populares y asentamientos humanos —sin orden judicial, sin consulta, sin reubicación ni compensación—, en abierta violación a legislaciones nacionales, agrega ese texto.
Ante la magnitud de los hechos expuestos, el colectivo solicitó al Consejo rechazar el Informe Nacional de Panamá por contener información falsa, incompleta y contraria a la realidad verificable.
Asimismo pidió establecer una Misión Internacional de Verificación y Observación de Derechos Humanos en Panamá, con énfasis en represión estatal, libertad sindical, desalojos forzosos, tortura y corrupción institucional.
Fuente. Prensa ONU y Prensa Latina
