San José, Costa Rica — A días de las elecciones generales de 2026, las candidaturas a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación oficialista que surgió en torno al gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, enfrentan un intenso escrutinio por parte de sectores de la oposición y analistas políticos, que cuestionan tanto la ética como la idoneidad de varios de sus aspirantes.
Candidatos bajo la lupa
Entre los nombres más señalados figuran José Miguel Villalobos Umaña, abogado cercano al presidente y candidato por la provincia de Alajuela; Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y aspirante por Heredia; Nogui Acosta Jaén, exministro de Hacienda; y Mayuli Ortega Guzmán, presidenta del partido y ubicada en la papeleta por San José.
José Miguel Villalobos ha sido objeto de críticas por diversas razones: ha funcionado como abogado en casos polémicos, incluido el respaldo legal al presidente Chaves en procesos judiciales, y circulan informes en medios que señalan que mantiene una deuda millonaria con la CCSS, lo que opositores interpretan como un claro problema de responsabilidad fiscal y ética. José Miguel Villalobos, candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano, ha generado fuertes cuestionamientos por sus declaraciones y posturas en torno a un caso de abuso sexual contra una menor, lo que la oposición y organizaciones civiles han interpretado como una minimización de la gravedad del delito. En un video difundido en redes, Villalobos defendió a un pastor evangélico condenado a 35 años de prisión por violar a una adolescente de 14 años y afirmó que “no era una niña, tenía 15 o 16 años”, además de insistir en que “no era culpable”, a pesar de la condena firme de los tribunales. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, que las calificó de peligrosas por normalizar la violencia sexual contra menores y contradecir la normativa de protección a la niñez. Organizaciones como el PANI también han señalado que dichos comentarios minimizan un crimen grave y generan alarma pública.
Por su parte, Marta Esquivel enfrenta investigaciones judiciales vinculadas al denominado Caso Barrenador y ha sido criticada por su gestión en la CCSS; además, hay exigencias públicas para que se detallen supuestos pagos de sobresueldos mientras presidió ese organismo. Según Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República, uno de los argumentos centrales de su campaña contra el Partido Pueblo Soberano ha sido señalar que figuras como Marta Esquivel no son coherentes con los valores conservadores que él representa. Alvarado ha recordado que Esquivel, cuando fue magistrada suplente de la Sala Constitucional en 2018, votó a favor de la legalización del matrimonio igualitario —una decisión que él y su partido consideran contraria a los valores cristianos costarricenses que defiende— y ha utilizado ese hecho para cuestionar su credibilidad ante sectores cristianos y conservadores del electorado
Marta Esquivel Rodríguez —expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y candidata a diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la provincia de Heredia— ha sido objeto de fuertes cuestionamientos públicos y judiciales. Durante su gestión en la CCSS fue detenida y vinculada a proceso en el marco del denominado “Caso Barrenador”, una investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos con sobreprecios millonarios para la administración de 138 Ebáis a cooperativas, lo que derivó en 28 allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presuntos delitos como influencia contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y prevaricato.
Además, figuras de oposición y sectores ciudadanos han señalado que Esquivel enfrenta al menos 14 causas penales abiertas ante el Ministerio Público relacionadas con su paso por la CCSS —incluyendo cargos por nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, malversación y abuso de autoridad— y que incluso la CCSS interpuso un proceso de lesividad contra ella por presuntos sobresueldos que percibió por encima de los límites legales.
La postulación de Esquivel en el primer lugar de la papeleta por Heredia ha generado crítica adicional porque no reside ni nació en esa provincia, lo que para algunos electores representa una falta de arraigo con la comunidad herediana y alimenta cuestionamientos sobre la representatividad de su candidatura.
La candidatura de Mayuli Ortega, dirigente del partido, también ha recibido señalamientos dentro y fuera de PPSO, incluida una denuncia interna de un delegado que acusó al partido de operar como “estafa política”, con procesos de nominación cerrados y cuotas elevadas que favorecen a allegados del comando. Además Mayuli Ortega ha sido duramente cuestionada por su pasado en México, donde medios y autoridades electorales señalaban que, en 2017, presentó documentos presuntamente falsos —incluida una credencial de elector apócrifa y un acta de nacimiento manipulada— para registrarse como candidata a la alcaldía de Tecolutla, en Veracruz, a pesar de ser ciudadana costarricense, lo que motivó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y una vinculación a proceso por expedición ilícita de credenciales y falsificación documental. Ortega afirma que ese caso fue archivado y que no tiene causas penales vigentes en México, pero su historial ha sido objeto de debate público y cuestionamientos sobre su idoneidad ética como líder política en Costa Rica.
Oposición amplía críticas
Fuerzas políticas de oposición han salido al cruce de las aspiraciones oficialistas. Sectores del Frente Amplio, aunque tradicionalmente con foco en temas sociales y medioambientales, han advertido sobre la concentración de poder y la influencia de figuras con historial cuestionado en la Junta Directiva del partido y en la lista legislativa.
El candidato Ariel Robles puso contra las cuerdas a la oficialista al cuestionarle la participación de Villalobos
Partidos como Nueva República han señalado que la presencia de figuras muy vinculadas al actual Ejecutivo en una eventual Asamblea Legislativa con mayoría podría poner en riesgo la independencia de controles institucionales y el equilibrio de poderes, argumentando que un bloque tan cohesionadamente oficialista limitaría la fiscalización efectiva del Gobierno.
Voces de figuras como Juan Carlos Hidalgo provenientes de agrupaciones más centradas en el centro-derecha y la defensa del federalismo, respectivamente, han advertido en redes y foros que dar una mayoría en la Asamblea a líderes con vínculos estrechos al Ejecutivo es “peligroso para la democracia”, porque —según sus argumentos— podría facilitar reformas constitucionales o institucionales sin el contrapeso adecuado.
Agenda social y ética pública
Además de los cuestionamientos por ética, la agenda política del partido ha sido objeto de debate. Aunque PPSO se presenta como una agrupación con posiciones económicas liberales y conservadurismo social aunque también han apoyado públicamente temas como la Agenda 2030 que atenta contra los derechos de la vida, la autodeterminación de los pueblos y los valores conservadores, como también su apoyo a los mal llamados «derechos LGBT», varios sectores mediáticos y de opinión pública han vinculado a sectores del oficialismo con apoyo o tolerancia a marchas y movimientos sociales más amplios, generando discusiones polarizadas sobre sus compromisos sociales.
La candidata presidencial de PPSO, Laura Fernández Delgado, ha evitado responder directamente a varios de los cuestionamientos sobre Villalobos y Esquivel, defendiendo a sus candidatos como “gente honesta y con capacidad técnica”, y argumentando que las críticas se enmarcan en campañas de desinformación política.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya ha intervenido en algunos recursos presentados contra la designación de candidatos, rechazando varios amparos en favor de las nominaciones, aunque algunos procesos se mantienen en evaluación.
Analistas y partidos opositores coinciden en que una Asamblea Legislativa con un número elevado de diputados del oficialismo podría debilitar los mecanismos de contrapeso institucional, aumentar la influencia del Ejecutivo sobre decisiones clave y limitar la independencia del Poder Legislativo.
