La cuestión de Taiwán es uno de los conflictos más complejos de la política internacional actual, donde convergen factores históricos, jurídicos, identitarios y geopolíticos, con narrativas contrapuestas y reclamos incompatibles entre sí. Dada su envergadura e implicaciones globales, es crucial examinar todas las perspectivas involucradas.
En el discurso occidental dominante, China es presentada como una potencia autoritaria que intenta anexar ilegítimamente una isla que desea ser independiente. Según esta visión, la República Popular China aparece como agresora frente a una pequeña democracia. Sin embargo, esta narrativa no es la única. ¿Se han considerado los argumentos históricos, jurídicos y políticos que China esgrime? Comprender este conflicto exige evitar visiones unilaterales.
Los registros que vinculan a Taiwán con China se remontan al año 230. Durante las dinastías Sui, Song, Yuan y Qing, hubo expediciones, administración y jurisdicción sobre la isla. En 1624, los holandeses ocuparon el sur de Taiwán, pero fueron expulsados en 1662 por Zheng Chenggong. En 1684, Taiwán fue incorporada como prefectura del imperio Qing y, en 1885, elevada a provincia. Tras la guerra sino-japonesa, China se vio obligada a ceder Taiwán a Japón en 1895, que la administró hasta 1945.
Durante la guerra contra Japón, el Partido Comunista Chino abogó por recuperar Taiwán. La Declaración de El Cairo (1943) y la Proclamación de Potsdam (1945) estipularon que Taiwán debía devolverse a China. El 25 de octubre de 1945, tras la rendición japonesa, China proclamó su soberanía sobre la isla. Con la victoria comunista en 1949, se fundó la República Popular China. El gobierno del Kuomintang se exilió en Taiwán, donde estableció una administración separada bajo el nombre de República de China. Desde entonces, la isla ha desarrollado instituciones, economía y una identidad propia. Pekín considera esta situación como una secuela de la guerra civil, agravada por la intervención de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos.
La Resolución 2758 de la ONU (1971) reconoció a la República Popular China como el único representante legítimo del pueblo chino, incluyendo a Taiwán como parte de su territorio. Hoy, 181 países, incluido EE.UU., mantienen relaciones diplomáticas con China bajo el principio de “una sola China”, sin reconocer a Taiwán como Estado soberano. Para Pekín, Taiwán es una provincia rebelde en proceso de reunificación, mientras que sectores proindependentistas taiwaneses apelan a su autogobierno y apoyo internacional. China interpreta la injerencia extranjera como un intento de frenar su ascenso y fragmentar su soberanía.
Una analogía, salvaguardando las distancias históricas y contextuales, ayuda a ilustrar este conflicto: si en Costa Rica, tras una guerra civil, un grupo derrotado se refugiara en la isla del Coco y fundara una república con respaldo extranjero, ¿se consideraría legítimo? ¿Aceptaríamos que potencias foráneas intervinieran? Así percibe China la situación de Taiwán: no como autodeterminación, sino como secesión promovida desde el exterior.
Costa Rica, al mantener relaciones diplomáticas con la República Popular China, respalda el principio de una sola China, conforme a la Resolución 2758 de Naciones Unidas. En línea con nuestra tradición de neutralidad, corresponde actuar con responsabilidad, evitando intervenir en asuntos internos de otros Estados.
Desconocer este principio comprometería la coherencia de nuestra política exterior y nos alinearía innecesariamente en una disputa entre potencias que no tiene nada que ver con los intereses nacionales. Respetar el principio de una sola China no implica ignorar la complejidad del tema, sino reconocer los marcos jurídicos internacionales y proteger nuestra soberanía y neutralidad ante un escenario global cada vez más polarizado e inestable.
(*) Mauricio Ramírez Núñez, académico