Organizaciones de derechos humanos y defensa de la democracia alertan sobre señales que, según afirman, podrían debilitar uno de los principales contrapesos institucionales del país
San José, Costa Rica. — Treinta y cuatro organizaciones internacionales y regionales expresaron su preocupación por lo que consideran un proceso de deterioro de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática en Costa Rica, un país que durante décadas ha sido reconocido en América Latina por la estabilidad de sus instituciones, la separación de poderes y la fortaleza de su sistema judicial.
El pronunciamiento coloca bajo la lupa varias situaciones que, según las organizaciones firmantes, no deberían analizarse de manera aislada: la falta de nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la reducción de recursos destinados al Poder Judicial, los cuestionamientos públicos dirigidos contra personas vinculadas con la administración de justicia y señales de hostigamiento o estigmatización hacia periodistas y defensores de derechos humanos.
Entre las organizaciones que respaldan el llamado figuran la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), además de organizaciones de distintos países de América Latina.
Una advertencia sobre los contrapesos democráticos
Para las entidades firmantes, la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Su preocupación parte de la premisa de que un sistema democrático no depende únicamente de la celebración periódica de elecciones, sino también de que existan instituciones capaces de ejercer controles efectivos sobre el poder.
En ese contexto, las organizaciones señalaron la ausencia de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional como uno de los asuntos que requieren atención. La situación, sostienen, puede afectar el funcionamiento de un órgano esencial para la protección de los derechos fundamentales y el control constitucional.)
La advertencia adquiere especial relevancia debido al papel que desempeña la jurisdicción constitucional dentro del sistema costarricense. La Sala Constitucional funciona como un mecanismo de protección frente a eventuales abusos de poder y como una instancia fundamental para garantizar el respeto de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Desde esa perspectiva, la falta de integración completa del tribunal no es presentada por las organizaciones simplemente como un problema administrativo, sino como una situación que puede tener consecuencias sobre el funcionamiento de los controles institucionales.
El presupuesto también entra en la discusión
Otro de los puntos señalados es la reducción de los recursos destinados al Poder Judicial.
Las organizaciones consideran que las restricciones presupuestarias pueden afectar la capacidad operativa de la institución y, en consecuencia, tener efectos sobre el acceso de la población a la justicia.
El planteamiento abre una discusión que va más allá de las cifras presupuestarias. Una administración de justicia independiente requiere no solo autonomía frente a otros poderes del Estado, sino también condiciones materiales suficientes para desarrollar sus funciones, atender los procesos judiciales y garantizar servicios adecuados a la ciudadanía.
La preocupación internacional es que un debilitamiento financiero sostenido pueda terminar afectando la capacidad institucional del Poder Judicial para cumplir su función constitucional.
El peso de los discursos políticos
Las 34 organizaciones también expresaron preocupación por declaraciones y discursos provenientes de autoridades públicas contra personas vinculadas con la administración de justicia.
Según el pronunciamiento, este tipo de señalamientos puede contribuir a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y afectar su legitimidad como institución encargada de actuar como contrapeso frente a los demás poderes.
El señalamiento cobra especial importancia, según las organizaciones, cuando las críticas proceden de funcionarios que ocupan cargos públicos, debido al peso que tienen sus declaraciones sobre la percepción ciudadana y el debate democrático.
Las entidades sostienen que experiencias observadas en otros países latinoamericanos muestran que los procesos de debilitamiento institucional no necesariamente ocurren de manera repentina. Por el contrario, pueden desarrollarse mediante una acumulación de decisiones, discursos y prácticas que progresivamente reducen la capacidad de las instituciones para ejercer controles independientes.
Una preocupación que alcanza al espacio cívico
El pronunciamiento no se limita al Poder Judicial. Las organizaciones también manifiestan inquietud por lo que describen como señales de cierre del espacio cívico, particularmente por situaciones de hostigamiento y estigmatización contra periodistas y defensores de derechos humanos que investigan o denuncian posibles problemas institucionales.
Para las entidades firmantes, la libertad de prensa y la protección de quienes defienden derechos humanos son elementos inseparables de una democracia saludable.
La lógica planteada es que las instituciones de control requieren de una sociedad civil capaz de observarlas, cuestionarlas y denunciar posibles abusos. Cuando se debilitan simultáneamente los controles institucionales y el espacio para la crítica pública, aumenta el riesgo de que los problemas democráticos permanezcan sin suficiente escrutinio.
Las organizaciones sostienen que la experiencia regional demuestra que el debilitamiento del Poder Judicial y la reducción del espacio cívico pueden formar parte de procesos más amplios de erosión democrática.
Costa Rica ante una advertencia internacional
La preocupación tiene un componente particularmente simbólico por tratarse de Costa Rica.
Durante décadas, el país ha construido una reputación internacional asociada con la democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de sus instituciones. Las organizaciones firmantes reconocen precisamente esa trayectoria y advierten que preservar ese legado requiere atender oportunamente las señales de deterioro institucional.
El mensaje, por tanto, no plantea únicamente una discusión sobre la situación actual del Poder Judicial. También coloca sobre la mesa una pregunta más amplia: ¿qué mecanismos deben activarse para evitar que problemas institucionales puntuales se conviertan en tendencias permanentes?
Las entidades consideran que la respuesta debe ser preventiva y no esperar a que exista una crisis institucional abierta para adoptar medidas correctivas.
Las medidas que solicitan
Las organizaciones hicieron un llamado al Estado costarricense para adoptar medidas destinadas a fortalecer la independencia judicial y cumplir las obligaciones internacionales asumidas por el país.
Entre sus principales planteamientos se encuentran:
- Evitar discursos que puedan socavar la legitimidad del Poder Judicial.
- Garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento de la administración de justicia.
- Completar sin demora los nombramientos pendientes de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
- Proteger el espacio cívico.
- Garantizar condiciones para que periodistas y defensores de derechos humanos puedan desarrollar su labor sin hostigamiento o estigmatización.
- Dar seguimiento a las condiciones que puedan afectar la institucionalidad democrática.
Las organizaciones también expresaron solidaridad con las personas e instituciones costarricenses que defienden el Estado de derecho y señalaron que continuarán observando la evolución de la situación.
Una señal que obliga a mirar más allá de la coyuntura
La advertencia internacional coloca nuevamente la independencia judicial en el centro del debate público costarricense.
Más allá de las posiciones políticas que puedan surgir alrededor de cada uno de los temas señalados, el pronunciamiento plantea una cuestión institucional de fondo: la democracia requiere que los poderes públicos puedan ejercer sus competencias sin presiones indebidas y que existan controles capaces de funcionar con autonomía.
En ese sentido, el debate sobre los magistrados suplentes, el presupuesto judicial y los discursos contra operadores de justicia trasciende las diferencias coyunturales entre instituciones o actores políticos. Lo que está en discusión, según las organizaciones firmantes, es la capacidad del sistema democrático costarricense para preservar sus mecanismos de equilibrio y control.
La advertencia llega, además, desde organizaciones con presencia y experiencia en materia de derechos humanos y defensa de la democracia en distintos países de la región. Su llamado no constituye por sí mismo una determinación jurídica sobre la existencia de una ruptura institucional, pero sí representa una señal de preocupación internacional que coloca a Costa Rica bajo un escrutinio mayor.
El desafío para el Estado costarricense será demostrar que sus instituciones mantienen la capacidad de corregir las situaciones cuestionadas y preservar las garantías que históricamente han distinguido al país en el ámbito regional.
Porque, como advierten las organizaciones, la independencia judicial y la democracia no suelen desaparecer de un día para otro: pueden comenzar a debilitarse cuando las señales de alerta dejan de ser atendidas.
A continuación, la lista de organizaciones firmantes:
- Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador
- Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC (AMJAC)
- Asociación Mulabi
- Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación de México
- Be Just
- Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
- Centro deInvestigaciónn y Promoción para América Central de Derechos Humanos CIPAC
- Centro Loyola Ayacucho
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
- CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
- Comité de familiares por una vida Digna dentro y fuera de Cárceles (CofaviD) Ecuador—
- Convergencia Por los Derechos Humanos
- Cooperativa Sulá Batsú
- Corporación Mujeres Libres
- Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Internacional — Internacional
- DEMUS Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
- Di-sentir A.C.
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
- Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano
- Fundación para el Debido Proceso DPLF
- Fundación por las Voces de Infancia y Género A.C.
- Instituto Humanista para la Cooperación al Desarrollo. Hivos
- Instituto Centroamericano deEstudioss de la Democracia
- Instituto de Defensa Legal – IDL
- Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
- IRCA CASABIERTA
- Juicio Justo
- LaLibre Tecnologías Comunitárias
- Pervivencias
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Práctica: Laboratorio para la democracia
- Protección Internacional Mesoamérica
- Red de la No Violencia Contra las Mujeres-REDNOVI
- Washington Office on Latin America (WOLA)
Fuente. Redaccion con informaciones de medios y comunicado
