Más allá del cálculo político, el descontento ciudadano en torno a los principales problemas del país representa un desafío central para Claudia Sheinbaum, quien busca consolidar y materializar la transformación prometida.
La inseguridad, el bajo crecimiento económico y la corrupción continúan siendo las principales preocupaciones de la población, de acuerdo con diversas encuestas. Aunque la aprobación de la presidenta se mantiene elevada —alrededor o por encima del 70%—, la percepción sobre el desempeño de su gobierno en estos tres ámbitos es mayoritariamente negativa.
Este contraste empieza a reflejarse en el respaldo a Morena, cuyo nivel de simpatía ha descendido ligeramente por debajo del 40% tras varios años por encima de ese umbral. Aun así, la oposición no logra capitalizar este desgaste: el PAN es el único partido que alcanza cifras de dos dígitos, aunque sin superar el 20%. No obstante, esta lenta erosión podría traducirse en triunfos puntuales de la oposición en próximas elecciones, así como en una Cámara de Diputados menos favorable para el oficialismo.
Cada uno de estos retos plantea dificultades distintas. En materia de seguridad, el gobierno ha logrado avances relevantes: los delitos de alto impacto han disminuido de forma considerable en un periodo relativamente corto, y la tendencia apunta a una reducción sostenida. Sin embargo, esta mejora no ha sido plenamente percibida por la ciudadanía, ya sea por desconfianza o por la influencia de narrativas críticas en los medios. Aun con avances, persisten desafíos importantes como el fortalecimiento de las policías locales, la depuración de ministerios públicos y el debilitamiento efectivo de los cárteles.
En el ámbito económico, la situación es más compleja. La administración reconoce la urgencia de generar empleo formal a gran escala, especialmente ante las limitaciones fiscales para ampliar programas sociales. Sin embargo, la creación de empleo depende en gran medida del sector privado, responsable de cerca del 85% de los puestos de trabajo, y la inversión sigue siendo insuficiente. Con un crecimiento económico anual de entre 1% y 2%, el país no logra absorber a la población joven que se incorpora al mercado laboral.
Identificar las causas de esta falta de inversión y encontrar mecanismos para incentivarla se ha convertido en una prioridad. Aunque el contexto internacional introduce incertidumbre, existe margen de mejora a nivel interno. A pesar de un mayor acercamiento reciente entre el gobierno y el sector empresarial, persisten diferencias en torno a la toma de riesgos, el acceso al crédito y la ejecución de proyectos. Iniciativas como el Plan México buscan atender esta problemática, aunque sus resultados aún están por consolidarse.
El combate a la corrupción, por su parte, es el ámbito con menor avance. Durante el sexenio anterior, no se priorizó suficientemente este tema, en parte por la idea de que un movimiento con enfoque social implicaría una conducta ética inherente entre sus integrantes, algo que no se confirmó en la práctica. La actual administración ha planteado una estrategia centrada en la modernización del aparato público —digitalización de trámites, mayor transparencia en licitaciones y profesionalización de funcionarios— para reducir oportunidades de corrupción.
No obstante, estos cambios estructurales toman tiempo y no alteran de inmediato prácticas arraigadas. Además, persiste la percepción de que las sanciones por delitos de alto nivel son escasas. Se critica una actitud cautelosa frente a estructuras heredadas, con investigaciones que rara vez alcanzan a los niveles más altos de responsabilidad. En contraste, incluso administraciones con cuestionamientos en materia de integridad, como la de Enrique Peña Nieto, lograron procesar judicialmente a varios gobernadores. La llamada Cuarta Transformación aún no puede mostrar resultados comparables en ese terreno.
Fuente. Redacción con información El País.
