San José, 3 de Febrero 2026 – En una decisión que marca un hito en la aplicación de la reciente reforma constitucional costarricense sobre extradición de nacionales por narcotráfico, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José resolvió este martes confirmar la entrega a las autoridades de Estados Unidos del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años, junto con Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, ambos requeridos por cargos de narcotráfico internacional y conspiración. La resolución judicial respalda la solicitud formulada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y condiciona la entrega a la presentación de garantías específicas por parte del país norteamericano, incluyendo el compromiso de no imponer penas de cadena perpetua ni sentencias superiores a 50 años de prisión, así como el reconocimiento del tiempo que ambos han pasado en detención preventiva en Costa Rica. El fallo se fundamenta en que los hechos imputados involucran una conducta continua que se prolongó después del 28 de mayo de 2025, cuando entró en vigor en Costa Rica la reforma que habilita la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, permitiendo con ello a las autoridades judiciales aplicar esa normativa vigente para sustanciar el proceso de entrega de los imputados.
La acusación estadounidense, respaldada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas, sostiene que Gamboa Sánchez conspiró y asistió a otros narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual habría sido introducida en el sistema de consumo de Estados Unidos. Investigaciones de agencias como la DEA y el FBI también vinculan movimientos financieros de hasta 16 millones de dólares relacionados con actividades delictivas atribuidas a esta organización, con ganancias personales que, según las pesquisas, podrían haber superado los 500,000 dólares por envío de drogas. En el caso de López Vega, el tribunal destac ó que solo podrá ser procesado en suelo estadounidense por hechos cometidos después de enero de 2014, pues actos anteriores ya fueron sancionados por la justicia costarricense. La decisión fue unánime entre los jueces de la sala, aunque se revocó la extradición de un tercer implicado, Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro —alias “Gato” o “Profe”— argumentando que los hechos que se le atribuyen ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, dejando abierta la posibilidad de que sea juzgado dentro de Costa Rica.
Contexto del proceso judicial y recursos de defensa
El caso de Gamboa y López ha sido uno de los más complejos y mediáticos en el sistema judicial costarricense en los últimos años, en parte por la trayectoria de Gamboa como funcionario público y por la trascendencia de la reforma constitucional que permitió su remisión a otro país para enfrentar cargos penales. Tras su detención el 23 de junio de 2025 por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud de Estados Unidos, ambos acusados presentaron múltiples recursos legales con el objetivo de detener o dilatar el proceso de extradición, incluidos amparos y hábeas corpus que fueron rechazados por los tribunales competentes. Las defensas alegaron, entre otras cosas, la inaplicabilidad retroactiva de la nueva normativa, un argumento que fue parcialmente acogido en el caso de Álvarez Alfaro pero no así para Gamboa y López. Durante ese tiempo, las defensas también buscaron beneficios como la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando problemas de salud —petición que no prosperó— y presentaron apelaciones formales que finalmente fueron desestimadas por los magistrados de apelación esta semana.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, así como de cambios legales internos inéditos en la historia costarricense. La reforma constitucional de 2025 permitió, por primera vez, la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo, lo cual abrió la puerta para que autoridades judiciales respondieran a solicitudes de justicia internacional, algo que anteriormente había sido objeto de debate e impedimento legal. Si las condiciones exigidas por Costa Rica a las autoridades estadounidenses se cumplen dentro de los plazos establecidos, se espera que la entrega se ejecute de forma inmediata, tras la conclusión de los procesos internos pendientes, incluyendo causas penales adicionales que Gamboa y López enfrentan en tribunales nacionales por delitos como uso de documentos falsos, tráfico de influencias y otros cargos conexos que aún están en trámite.
Repercusiones institucionales y diplomáticas
La confirmación de la extradición ha sido vista por analistas judiciales y expertos en seguridad como un momento clave para la justicia costarricense, tanto por la aplicación de la nueva legislación como por el envío de un mensaje claro sobre la voluntad del país de colaborar con socios internacionales en la lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen transnacional. Para Estados Unidos, la solicitud de extradición y la posterior acusación formal en tribunales federales por cargos de conspiración para importar cocaína representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a sospechosos que supuestamente han facilitado el tránsito y distribución de drogas que afectan de manera directa a comunidades estadounidenses. A nivel interno, esta resolución puede desencadenar debates sobre la independencia judicial, la eficacia de las reformas legales y la posibilidad de que otros casos de alto perfil sigan rutas similares de cooperación internacional.
La expectativa ahora se centra en la respuesta formal del gobierno estadounidense respecto a las garantías exigidas por Costa Rica para proceder con la extradición definitiva, un paso que determinará si Gamboa y López serán trasladados a territorio estadounidense para enfrentar los cargos que se les imputan, o si eventuales incumplimientos de esas garantías podrían obligar a Costa Rica a asumir el juzgamiento de los hechos en su propio sistema penal.
Fuentes: Infobae, El Observador CR, Telediario Costa Rica, El Guardián CR, La Nación, Reuters.
