Panamá se debate hoy sobre la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente originaria, pero expertos insisten en que ese poder debe estar alejado de las élites, pues pertenece exclusivamente al pueblo.
Para los analistas, no se trata de una afirmación retórica ni un principio abstracto; es el fundamento sobre el cual se erige toda legitimidad democrática.
En un reciente texto titulado ¿De qué trata un proceso constituyente originario?, citado por el diario La Prensa, el jurista y exprocurador general de la Nación, Rigoberto González, indicó que “mal se puede estar hablando del ejercicio del poder constituyente originario sin que el dueño de ese poder participe, sin que sea el dueño de ese poder el que decida y determine cómo quiere que se ejerza ese poder”.
En alusión a la campaña que encabeza en el país Miguel Antonio Bernal, al frente de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, precisa que mientras se multiplican foros, mesas técnicas, propuestas de borradores y mecanismos de supuesta “alfabetización constitucional”, la gran ausente sigue siendo la participación real, directa y decisoria del soberano.
Al respecto, la nota editorial añade que se da por hecho que ciertos sectores —autoproclamados como ilustrados o portadores de una visión superior— están en condiciones de definir los pasos, las reglas, e incluso los contenidos de una nueva Constitución, un atajo que cataloga no solo como políticamente peligroso, sino jurídicamente inviable.
Una carta magna para ser legítima y duradera no puede nacer del escritorio de una minoría que asume, con soberbia, que sabe más o mejor que las mayorías.
Como bien lo advierte González, el primer paso ineludible debe ser la convocatoria amplia y plural a los grupos sociales y políticos representativos del pueblo, para acordar un pacto constituyente claro, transparente y vinculante.
Sin embargo, Bernal asevera que el proceso que impulsa el Gobierno de José Raúl Mulino (alfabetización, elección de constituyentes y asamblea en 2027, implementación y entrada en vigor de nueva Constitución a mediados de 2028) busca que la población conozca sus derechos, deberes y garantías, y participe activamente en la construcción de la nueva ley fundamental.
Para el asesor del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) es clave involucrar a todos los panameños, que el ciudadano deje de ser un espectador y se convierta en actor, sin distinción de condición social, económica, educativa o geográfica.
Explicó además que la Constitución actual fue impuesta y se busca una del siglo XXI, inclusiva y representativa.
Los argumentos en contra suelen ser intentos de descalificación o de mantener el statu quo que favorece desigualdades y clientelismo político, remarcó.
Sobre las reformas urgentes que requiere Panamá, Bernal mencionó la reestructuración de los tres poderes del Estado.
Además indicó la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas, especialmente en el Legislativo y el Judicial; así como el empoderamiento ciudadano, para que la población participe activamente y no dependa solo del Gobierno.
También negó que el nuevo texto contemple la reelección presidencial.
Fuente. Redacción y Prensa Latina
