El anuncio o la intención del expresidente Pedro Castillo, de postular al Senado en los comicios de abril de 2026, pese a estar preso desde hace casi tres años, destacó en la semana preelectoral peruana.
El anuncio fue lanzado por el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, congresista de la agrupación Juntos por el Perú, y quien cree que, de no impedirse la difícil candidatura, Castillo será elegido senador con la votación más alta.
Basó su optimismo en una encuesta de la empresa Ipsos según la cual el 37 por ciento de los consultados está decidido a votar por Castillo (15 por ciento) o podría respaldarlo en las urnas (22 por ciento).
Además, otro sondeo, también de Ipsos, verificó un cambio de percepción sobre Castillo, pues en febrero de 2023, una mayoría de 51 por ciento opinaba que el maestro rural había intentado un golpe de Estado contra el Congreso al intentar su disolución.
Sin embargo, la misma empresa hizo una encuesta similar y 59 por ciento opinó que fue el Parlamento el que dio un golpe de Estadio contra Castillo.
El analista Ibrahim Luna opinó que tal cambio se debería a que “La victimización de Castillo tiene que ver más con la náusea que nos provocan sus adversarios” y el principal de estos es el Congreso.
Otras opiniones señalan que las simpatías por el exmandatario se deben, más que sus aciertos políticos, a la percepción de amplios sectores, de que su cese implicó un arreglo entre su sucesora, la vicepresidenta Dina Boluarte, y los derrotados en las urnas.
Pese al optimismo de Sánchez, parece inviable que Castillo logre ser candidato, pues la legislación electoral prohíbe las postulaciones de quienes hayan sido condenados por delinquir y el tribunal que lo juzga está a punto de sentenciarlo con 39 años por rebelión.
Como ese delito, según el Código Penal, solo se comete mediante el alzamiento colectivo en armas para el Estado, su aplicación al caso no parece claro, por lo que el tribunal que lo juzga, al parecer decidido a condenarlo, lo haría por el delito de conspiración para la rebelión, con 19 años de cárcel.
La corte, además, ha acelerado el proceso y es casi seguro que emitirá su veredicto antes de las elecciones de abril de 2026 y, tras el asilo de su coacusada, Betssy Chávez, en la embajada de México, el Parlamento acelera también para ambos la inhabilitación para el ejercicio de cargos en el Estado, lo que también bloquearía la candidatura del exmandatario.
Incluso, si Castillo lograra postular y ser elegido, el Senado lo expulsaría, por ser los cargos por los que fuera condenado, anteriores a su elección como parlamentario.
Fuente. Prensa Latina
