En las democracias contemporáneas de Latinoamérica, el clientelismo y la beligerancia política son fenómenos que, aunque distintos, comparten un mismo efecto corrosivo: erosionan desde adentro los pilares éticos y jurídicos del Estado democrático de derecho. Ambos distorsionan la voluntad popular y degradan la función pública en favor de intereses particulares o partidarios, convirtiéndose en una triste realidad que se repite día tras día.
El clientelismo político también conocido como amiguismo, patrocinio o apadrinamiento consiste en el uso de recursos públicos o promesas de beneficios individuales o grupales a cambio de apoyo electoral. Esta práctica, profundamente arraigada en muchos sistemas políticos latinoamericanos, constituye una forma moderna de corrupción estructural. Se trata de un sistema en el que la corrupción deja de ser una anomalía para volverse costumbre, donde el voto pierde su valor como expresión libre del ciudadano y se transforma en una moneda de intercambio. Desde una perspectiva jurídico-administrativa, el clientelismo vulnera los principios de imparcialidad y probidad administrativa, pilares fundamentales reconocidos tanto en la legislación costarricense como en la doctrina del derecho público. Además, atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política, privilegiando a ciertos grupos por su afinidad partidaria y generando un círculo vicioso de dependencia que desnaturaliza la función pública.
Por su parte, la beligerancia política se manifiesta cuando funcionarios públicos o instituciones del Estado intervienen indebidamente en procesos electorales o partidistas, realizando proselitismo político o utilizando recursos estatales con fines electorales.
En Costa Rica, el ordenamiento jurídico prohíbe expresamente esta conducta para preservar la neutralidad institucional y garantizar la confianza ciudadana en el aparato estatal.
Sin embargo, la beligerancia no siempre se presenta de forma abierta. A menudo adopta formas sutiles: el uso simbólico de recursos públicos, la manipulación de información institucional o la presión indirecta sobre el personal subordinado. En cualquiera de sus manifestaciones, vulnera el principio de legalidad y compromete la legitimidad de las decisiones administrativas, afectando el equilibrio democrático.
En tiempos de hiperconectividad y desinformación, tanto el clientelismo como la beligerancia política han encontrado nuevos espacios en el entorno digital que todos vivimos hoy . Las redes sociales herramientas de enorme alcance se han convertido en terreno fértil para la manipulación algorítmica y el uso indebido de datos personales con fines de influencia política.
Ante este panorama, el pensamiento jurídico tecnológico debe evolucionar y adaptarse a esta nueva realidad. Como he sostenido en distintos espacios académicos, el Derecho no puede ser un espectador pasivo frente a la revolución digital: debe desarrollar mecanismos que permitan detectar y sancionar las nuevas formas de interferencia política, siempre garantizando la libertad de expresión, piedra angular del Estado de derecho.
La defensa de la democracia no se agota en los procesos electorales. Exige combatir con firmeza las prácticas clientelares y la beligerancia política, dentro del marco del principio de legalidad y del Estado de derecho.
Solo una ciudadanía informada y una administración pública guiada por principios podrán resistir la tentación del poder convertido en favor.
