El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue condenado hoy a 12 años de prisión domiciliaria por los cargos de soborno a testigos y fraude procesal, delitos por los que fue hallado culpable a inicios de esta semana.
Según comunicó la jueza Sandra Heredia, la pena del exmandatario incluye el pago de una multa de dos mil 400 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años y cuatro meses.
La sentencia de primera instancia, recogida en un documento de mil 114 páginas, aclara que el exjefe de Estado deberá cumplir con la prisión domiciliaria de manera inmediata para intentar evitar una posible evasión del cumplimiento de la pena.
Heredia estimó que la Fiscalía logró probar convincentemente que Uribe pidió al abogado Diego Cadena buscar a exparamilitares para que tergiversaran los hechos ante la justicia con falsas declaraciones a cambio de prebendas materiales y jurídicas.
Tales testimonios también buscaban desprestigiar al senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso, y quien en la pasada década participó en una investigación para determinar los nexos del exmandatario con el paramilitarismo.
Una vez conocido el fallo de culpabilidad, el equipo legal del expresidente aseguró que presentaría una apelación, para lo cual dispone de cinco días hábiles a partir de esta jornada.
La querella deberá ser dirimida entonces por el Tribunal Superior de Bogotá, donde tres magistrados analizarán el caso.
Si los entendidos no se pronuncien antes del 15 de octubre venidero, el proceso prescribirá.
Tras la divulgación de la sentencia, el partido Centro Democrático, la colectividad política de derecha que fundó Uribe en 2013, anunció que realizará una marcha el próximo 7 de agosto, cuando se conmemorarán 206 años de la Batalla de Boyacá que dio la independencia a lo que antes fuera Nueva Granada.
En su comunicado, esa organización alegó que la decisión de Heredia condena a un inocente, al tiempo que calificó al exgobernante como al hombre “que salvó a Colombia”.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos y víctimas del caso contra Uribe alertaron recientemente a la Organización de Naciones Unidas sobre manifestaciones de coacción externas al poder judicial colombiano en torno al proceso.
Alertaron en su comunicación que, tras el fallo, “se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del gobierno de Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”.
El fallo y la sentencia contra Uribe marcan un precedente de gran significación en el país debido a que es la primera ocasión en la que un exgobernante es condenado por la justicia.
Fuente. Prensa Latina
