El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analiza un recurso de amparo electoral presentado por un ciudadano que solicita impedir el ingreso a Costa Rica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante una visita anunciada en el marco del actual proceso electoral costarricense. La gestión plantea que la eventual presencia del mandatario extranjero podría constituir una forma de injerencia indebida en la contienda política, especialmente por el momento en que se produciría, a pocas semanas de las elecciones nacionales. La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, confirmó que el recurso se encuentra en estudio y recalcó que, mientras no exista una resolución formal, el órgano electoral se abstendrá de emitir valoraciones públicas sobre el fondo del planteamiento, en apego a los principios de imparcialidad y reserva que rigen este tipo de procedimientos. El caso ha captado atención pública debido a la sensibilidad institucional que implica cualquier actuación que pueda afectar la equidad del proceso electoral, uno de los pilares del sistema democrático costarricense.
Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chaves ha defendido la invitación a Bukele señalando que la visita tendría un carácter técnico y estaría enfocada en conocer el proyecto del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada, impulsado por el Gobierno costarricense como parte de su estrategia de seguridad. No obstante, esta explicación no ha disipado las dudas de distintos sectores políticos y ciudadanos que consideran que la presencia de un jefe de Estado extranjero, con fuerte proyección regional y alto perfil mediático, podría tener efectos indirectos en la percepción del electorado y en la dinámica de la campaña, aun cuando no exista una participación explícita en actos proselitistas.
Tensiones políticas y debate sobre la neutralidad electoral
El análisis del amparo se desarrolla en un ambiente de creciente polarización política, en el que varios candidatos presidenciales y líderes partidarios han expresado posiciones contrapuestas. Algunos aspirantes han solicitado públicamente al TSE que valore con rigor los posibles alcances de la visita y han advertido sobre el riesgo de que se utilice como un elemento simbólico o discursivo dentro del debate electoral, lo que, a su criterio, podría alterar la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas. Otros actores han defendido la legalidad de la invitación y han señalado que impedir el ingreso de un mandatario extranjero podría sentar un precedente delicado en materia de relaciones internacionales y cooperación regional.
Paralelamente, el Tribunal Supremo de Elecciones enfrenta otros recursos y denuncias vinculadas con presuntas actuaciones irregulares durante el proceso electoral, lo que refuerza el clima de vigilancia institucional y escrutinio público. En ese contexto, la eventual resolución sobre este amparo electoral será observada con atención no solo por su impacto inmediato, sino también por el mensaje que envíe sobre los límites entre la actividad gubernamental, la política exterior y la estricta neutralidad que debe prevalecer durante una campaña electoral. La decisión del TSE podría convertirse en un referente relevante para futuros procesos, al definir hasta dónde puede llegar la interacción entre autoridades nacionales y figuras internacionales sin comprometer la integridad del proceso democrático.
