Levantar las garantías individuales no es una frase menor ni un tecnicismo jurídico reservado para abogados o constitucionalistas. Es, en esencia, una de las decisiones más delicadas que puede tomar un Estado, porque toca el corazón mismo de la relación entre el poder y los ciudadanos. Sin embargo, en momentos de crisis —violencia extrema, conmoción interna, amenazas a la seguridad nacional— suele presentarse como una medida necesaria, urgente e incluso inevitable. ¿Pero sabemos realmente qué implica?
Las garantías individuales son los derechos básicos que protegen a las personas frente al poder del Estado. Hablamos de libertades como la de tránsito, expresión, reunión, el derecho al debido proceso, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Son conquistas históricas que no surgieron por generosidad de los gobiernos, sino como respuesta a abusos, autoritarismos y episodios de represión que dejaron profundas cicatrices sociales.
Cuando un gobierno anuncia que “levanta” o “suspende” estas garantías, lo que hace es otorgarse facultades excepcionales. En la práctica, esto puede traducirse en retenes sin orden judicial, detenciones preventivas prolongadas, restricciones a manifestaciones públicas, censura indirecta o directa, e incluso la militarización de tareas civiles. Todo bajo el argumento de restablecer el orden o proteger a la población.
El problema no es solo jurídico, sino profundamente político y ético. La historia latinoamericana está llena de ejemplos en los que la suspensión de garantías individuales, inicialmente planteada como temporal, terminó convirtiéndose en una herramienta de control permanente. Estados de excepción que se prolongaron durante años, persecución de disidentes bajo la etiqueta de “enemigos internos” y normalización de prácticas que erosionaron la democracia desde dentro.
Quienes defienden estas medidas suelen apelar al miedo: miedo al crimen, al caos, al enemigo invisible. Y el miedo es un poderoso aliado del autoritarismo. En contextos de inseguridad real, muchos ciudadanos están dispuestos a ceder libertades a cambio de una promesa de orden. Pero esa transacción rara vez es equilibrada. Las libertades cedidas suelen tardar mucho más en recuperarse que la crisis que supuestamente las justificó.
Esto no significa negar que los Estados enfrenten situaciones extraordinarias. Existen momentos en los que se requieren respuestas firmes y coordinadas. Pero la pregunta clave es: ¿quién controla al poder cuando el poder decide suspender derechos? En una democracia sana, incluso los estados de excepción deben estar claramente delimitados en el tiempo, supervisados por otros poderes del Estado y sujetos al escrutinio de la prensa y la sociedad civil.
Levantar las garantías individuales debería ser siempre el último recurso, no el atajo preferido. Y aun cuando se recurra a él, debe explicarse con total transparencia qué derechos se suspenden, por cuánto tiempo y bajo qué mecanismos de control. Cuando estas respuestas no existen o son ambiguas, la alerta debe encenderse.
Por eso, más allá del debate legal, levantar las garantías individuales nos obliga a una reflexión ciudadana profunda. No se trata solo de lo que el gobierno puede hacer hoy, sino de lo que podrá hacer mañana con el precedente que se deja. Porque cuando el Estado aprende que puede gobernar sin límites, rara vez renuncia voluntariamente a ese poder.
La pregunta, entonces, no es solo si sabemos qué significa levantar las garantías individuales, sino si estamos dispuestos a aceptar sus consecuencias y a vigilar que no se conviertan en una puerta abierta al abuso. En una democracia, la seguridad no debería construirse sacrificando derechos, sino fortaleciéndolos.
Autor. Lic. Hermez Ismael Gonzalez Alvarez
Periodista y Defensor de Derechos Humanos
