San José, Costa Rica — En un lapso de 24 horas, la capital costarricense y sus alrededores vivieron un episodio de violencia sin precedentes en lo que va del año, con al menos siete ataques armados que dejaron múltiples víctimas y reavivaron el debate sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país. Las incidencias ocurrieron en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana, incluidas zonas céntricas y barrios tradicionalmente considerados de menor riesgo, y se caracterizaron por el uso indiscriminado de armas de fuego, dejando una estela de muertos y heridos que han colapsado no solo los servicios de emergencia, sino también la percepción social de seguridad. En San Sebastián, por ejemplo, dos hombres fueron encontrados sin vida por impactos de bala junto a un vehículo en plena noche, hechos que requirieron el despliegue de unidades de la Cruz Roja Costarricense y de las autoridades judiciales para el levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente, mientras la Fuerza Pública mantiene operativos para localizar a los responsables. Esta seguidilla de hechos violentos se suma a otros ocurridos en barrios centrales en fechas recientes, donde las ambulancias de la Cruz Roja han llegado a escenas de agresiones letales con armas de fuego, declarando a varias víctimas sin signos vitales y trasladando a otras en condición crítica a centros hospitalarios, reflejo de una tendencia creciente de incidentes de violencia armada en el área metropolitana de San José que, según reportes periodísticos, pone en jaque la capacidad de respuesta de emergencias y aumenta la presión sobre los cuerpos de seguridad y salud pública.
La Cruz Roja Costarricense, institución encargada de la atención primaria en emergencias, ha alertado en sus informes internos y comunicaciones públicas que las atenciones por heridos con arma de fuego y riñas violentas han crecido de manera significativa en los últimos años, con un incremento de más del 13% en casos asociados a violencia respecto a periodos anteriores, y miles de emergencias traumáticas atendidas en 2025 que superan las cifras registradas en 2024. La institución también ha señalado que el aumento de estas emergencias se produce en un contexto de recursos limitados y una crisis financiera interna que amenaza incluso la sostenibilidad de sus operaciones a nivel nacional, con déficit presupuestario que compromete la disponibilidad de vehículos, equipos y personal para atender la creciente demanda de auxilios en incidentes violentos, accidentes de tránsito y otras emergencias complejas. Pese al esfuerzo constante de voluntarios y personal técnico, la presión sobre la Cruz Roja se intensifica cada mes, con cifras de muertes violentas relacionadas con arma de fuego y arma blanca que superan las del año anterior y un incremento general de atenciones que obliga a replantear la asignación de recursos y la coordinación con los cuerpos policiales y judiciales para responder con eficacia a la ola de violencia que afecta a la ciudadanía.
Expertos en seguridad y representantes de la sociedad civil coinciden en que la sucesión de ataques armados en San José no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón más amplio de deterioro de la seguridad pública en Costa Rica. Según analistas consultados por medios locales, y reflejado en recientes alertas de organismos internacionales, el país —tradicionalmente considerado uno de los destinos más seguros de Centroamérica— enfrenta tensiones derivadas del aumento de la actividad delictiva, conflictos entre grupos criminales y una presión creciente sobre el sistema judicial y policial que lucha por contener la escalada de homicidios y agresiones armadas. La acumulación de hechos violentos, como los reportados en las últimas 24 horas, pone de manifiesto no solo la magnitud del problema sino también la percepción de inseguridad que se ha arraigado en amplios sectores de la población, afectando la vida cotidiana de los residentes, la operación de negocios y servicios públicos, y la confianza de inversionistas y visitantes en el país. La situación plantea un desafío urgente para las autoridades, que deben articular soluciones integrales que incluyan no solo mayores efectivos y tecnología para combatir el crimen, sino también políticas sociales de prevención que aborden las causas profundas de la violencia.
