Aquí tienes un artículo periodístico amplio y desarrollado, con enfoque crítico y tono profesional, listo para publicación o edición final:
En toda democracia moderna, los debates presidenciales representan mucho más que un simple intercambio de ideas entre aspirantes al poder. Son, en esencia, un espacio público fundamental para la deliberación democrática, donde la ciudadanía puede comparar propuestas, evaluar liderazgos y formarse un criterio informado antes de emitir su voto. Por ello, la exclusión de candidatos presidenciales de estos debates no es un asunto menor: constituye una forma de discriminación política que debilita la equidad electoral y erosiona los principios básicos de la democracia.
El debate como derecho democrático, no como privilegio
Los debates presidenciales no deberían entenderse como eventos privados ni como vitrinas reservadas para quienes encabezan las encuestas o cuentan con mayores recursos económicos. Son espacios de interés público, especialmente cuando son organizados por universidades, colegios profesionales, medios de comunicación o instituciones con vocación cívica.
Excluir a candidatos legalmente inscritos —con el argumento de baja intención de voto, falta de “relevancia” mediática o limitaciones logísticas— equivale a negarles el derecho a presentar sus ideas en igualdad de condiciones. Más aún, priva a la ciudadanía del derecho a escuchar todas las opciones políticas disponibles.
En una democracia sana, la pluralidad no se administra: se garantiza.
Discriminación política encubierta
Cuando se selecciona quién puede y quién no puede participar en un debate presidencial, se establece una jerarquía artificial entre candidaturas que, ante la ley electoral, tienen el mismo estatus. Esta práctica introduce una discriminación política encubierta, que favorece a los partidos tradicionales, a las figuras con mayor respaldo económico o a quienes cuentan con el apoyo de grandes plataformas mediáticas.
Los candidatos emergentes, independientes o de partidos pequeños quedan atrapados en un círculo vicioso: no son invitados a debates porque “no son conocidos”, y no son conocidos porque no se les permite participar en debates.
El resultado es un proceso electoral desigual desde su punto de partida.
El papel de los medios y las instituciones organizadoras
Los medios de comunicación y las entidades organizadoras de debates tienen una enorme responsabilidad democrática. Su función no es solo informar, sino también garantizar condiciones mínimas de equidad y pluralismo.
Cuando un medio decide excluir candidaturas, no solo toma una decisión editorial: incide directamente en el proceso electoral. La línea entre la logística y la manipulación del escenario político puede volverse peligrosamente delgada.
En países con tradición democrática, se han adoptado modelos inclusivos —debates múltiples, formatos rotativos, bloques temáticos— que permiten la participación de todos los candidatos sin sacrificar orden ni profundidad. La exclusión, por tanto, no suele ser una necesidad, sino una elección.
Impacto en el electorado y en la legitimidad electoral
La exclusión de candidatos también tiene efectos directos en la percepción ciudadana. Genera desconfianza, alimenta la idea de que “todo está decidido” y refuerza el abstencionismo. ¿Por qué participar si el sistema solo amplifica a unos pocos?
Además, cuando una elección se desarrolla bajo condiciones de visibilidad desigual, la legitimidad del resultado final se ve comprometida. Una democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la equidad con la que estas se llevan a cabo.
Costa Rica y el reto de la igualdad electoral
En el contexto costarricense, donde históricamente se ha defendido el pluralismo político y la libertad de expresión, la exclusión de candidatos de debates presidenciales resulta particularmente preocupante. Más aún en un escenario de fragmentación política, descontento ciudadano y creciente desconfianza hacia las élites tradicionales.
Si se pretende fortalecer la democracia, el camino no es cerrar espacios, sino ampliarlos.
Conclusión: más voces, mejor democracia
Excluir candidatos presidenciales de los debates no fortalece la democracia; la debilita. No ordena el proceso electoral; lo sesga. No informa mejor a la ciudadanía; la limita.
Una democracia madura no teme a la diversidad de ideas ni a la pluralidad de voces. Por el contrario, las abraza como su mayor fortaleza. Garantizar debates inclusivos no es una concesión a los candidatos: es un deber con la ciudadanía y con el futuro democrático del país.
Porque cuando se silencia a una candidatura, no solo se discrimina a un candidato: se empobrece el debate público y se lesiona la democracia misma, los derechos humanos y fundamentales.
Autor. Lic. Hermez Ismael González Álvarez
