La visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a El Salvador marcó un hito político y simbólico en la agenda internacional de la próxima administración chilena, al situar la seguridad pública y el combate al crimen organizado como ejes prioritarios de su política exterior. Durante su estancia en San Salvador, Kast sostuvo reuniones de alto nivel con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su equipo de gobierno, además de realizar un recorrido oficial por el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel construida como pieza central de la estrategia salvadoreña contra las pandillas. El encuentro se desarrolló en un contexto regional marcado por el aumento de la violencia, el narcotráfico transnacional y la presión ciudadana por respuestas contundentes frente a la inseguridad.
La agenda del mandatario electo chileno estuvo enfocada en conocer de primera mano el modelo de seguridad implementado por El Salvador en los últimos años, particularmente el régimen de excepción y la reconfiguración del sistema penitenciario, que han sido presentados por el gobierno de Bukele como factores clave en la drástica reducción de los homicidios y del control territorial de las pandillas. Kast subrayó que su visita no buscó replicar mecánicamente la experiencia salvadoreña, sino analizarla como un caso de estudio relevante para Chile, país que en la última década ha enfrentado un deterioro sostenido en sus indicadores de seguridad, con un aumento de delitos violentos, crimen organizado y presencia del narcotráfico en zonas urbanas y rurales.
Desde una perspectiva histórica, Chile y El Salvador han transitado procesos políticos distintos pero atravesados por conflictos internos de alta intensidad. Chile vivió una dictadura militar entre 1973 y 1990, cuyo legado sigue influyendo en el debate público, especialmente en materias de orden público, derechos humanos y rol del Estado. Tras el retorno a la democracia, el país consolidó instituciones sólidas, aunque en los últimos años ha experimentado un clima de polarización política, estallido social y cuestionamientos a la capacidad del Estado para garantizar seguridad. El triunfo electoral de José Antonio Kast se inscribe en ese escenario, como respuesta a una ciudadanía que demanda mayor control, autoridad y eficacia frente al delito.
El Salvador, por su parte, emergió de una cruenta guerra civil a inicios de la década de 1990, pero arrastró por años una violencia estructural alimentada por las pandillas y la debilidad institucional. La llegada de Nayib Bukele al poder significó un quiebre con los partidos tradicionales y la implementación de una política de seguridad de mano dura, con amplios apoyos populares y fuertes críticas de organismos internacionales. La construcción de la megacárcel y la aplicación de medidas excepcionales transformaron al país en un referente regional para gobiernos que priorizan el control territorial y la reducción rápida de la criminalidad.
La reunión entre Kast y Bukele también tuvo un componente político e ideológico, al evidenciar afinidades en el discurso sobre soberanía, autoridad del Estado y rechazo a lo que ambos consideran políticas permisivas frente al delito. En ese sentido, la visita fue interpretada como una señal temprana de la orientación que tendrá la política de seguridad chilena bajo el nuevo gobierno, así como de una mayor articulación entre líderes latinoamericanos que promueven enfoques firmes en materia de orden público.
A pocas semanas de asumir la presidencia, José Antonio Kast utiliza este viaje como una plataforma para reforzar su imagen internacional y enviar un mensaje claro a su electorado: la seguridad será una prioridad absoluta de su mandato. La visita a El Salvador no solo refuerza esa narrativa, sino que instala en el debate regional la discusión sobre los límites, costos y resultados de los modelos de seguridad extrema, en un continente donde la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales.
