ULTIMA HORA. Disparan al aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay en un mitin en Bogotá

Detienen a uno de los presuntos partícipes del atentado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha confirmado la detención de una persona que habría participado en el atentado contra Uribe y ha indicado que «toda la red hospitalaria» de la capital está «en alerta» por si requiriera un traslado.

Tras el ataque, Uribe Turbay ha sido llevado al hospital y aún no han trascendido detalles de su estado de salud. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha asegurado que recompensará con hasta 3.000 millones de pesos colombianos (unos 640.000 euros) a quien otorgue información acerca de los responsables del atentado.

Una de las figuras más críticas con el Gobierno

Uribe Turbay, de 39 años, es un político cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente colombiano, Gustavo Petro, especialmente por el deterioro de la seguridad en el país.

Es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982.

También fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, así como secretario de Gobierno en la Alcaldía de Enrique Peñalosa y desde 2022 ocupa un escaño en el Senado por el Centro Democrático.

Ola de rechazo desde el mundo de la política

El atentado a bala contra el senador y precandidato presidencial ha generado una ola de rechazo desde distintos sectores políticos del país, que coinciden en calificar el hecho como un ataque directo a la democracia.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido la canciller colombiana, Laura Sarabia, se ha pronunciado sobre el suceso. «La violencia nunca podrá ser el camino. Rechazo de forma contundente el atentado contra Miguel Uribe. Espero sinceramente que se encuentre bien y fuera de peligro. Nada justifica el uso de la violencia en una sociedad que busca construir en paz», ha expresado en su cuenta de X.

También la Defensoría del Pueblo ha sido una de las primeras instituciones en pronunciarse, al advertir que «hechos como este constituyen una grave amenaza a los derechos políticos, a la libertad de expresión y a la vida misma, pilares esenciales de toda sociedad democrática».

A la condena se ha sumado el expresidente Iván Duque, quien ha expresado en redes sociales: «Rechazamos este acto cobarde y exigimos a las autoridades una pronta investigación para dar con los responsables. La violencia no puede tener espacio en nuestra democracia».

El exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle, ha advertido que el país «ha entrado en una espiral de violencia verbal que ahora llega al atentado personal». Por su parte, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha afirmado que «la política ha cobrado muchas vidas en la historia del país», añadiendo que no permitirán «que la vida de nadie corra peligro por las ideas que defiende».

El Gobierno colombiano rechaza de manera «contundente» el atentado

El Gobierno colombiano ha rechazado «de manera categórica y contundente» el atentado, que ha calificado como «un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia y la libertad de pensamiento«.

En un comunicado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso con la protección de todos los líderes políticos y ha llamado a «rechazar cualquier forma de violencia política» mediante el diálogo y la legalidad.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pedido respetar la «línea roja» de la vida. «Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros», ha dicho en un mensaje en su cuenta de X en el que ha expresado su solidaridad a la familia del político de 39 años.

La violencia crece en el país

El atentado contra el aspirante presidencial ha encendido las alarmas sobre el preocupante repunte de violencia política en Colombia. Este hecho se suma a una oleada de agresiones recientes contra líderes sociales, periodistas y figuras públicas, en un clima de creciente polarización y debilitamiento de las garantías democráticas en el país.

Simultáneamente, distintas regiones viven una escalada del conflicto armado. En Guaviare, las disidencias de las FARC han impuesto toques de queda, como el liderado por “Iván Mordisco”, mientras que enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado desplazamientos, confinamientos y temor en comunidades enteras. El control territorial de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC se ha fortalecido, generando zonas donde el Estado tiene presencia mínima o nula.

La violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo deja otros 13 muertos

Además, los secuestros y asesinatos de líderes sociales han aumentado significativamente. Solo en los primeros cinco meses de 2025 se han reportado más de 70 homicidios de líderes comunitarios, y los secuestros se han disparado a niveles no vistos en más de una década.

Este deterioro de la seguridad y los derechos humanos refleja los límites de la llamada «paz total» impulsada por el Gobierno, la cual busca poner fin a la violencia a través de diálogos y acciones militares combinadas.