Costa Rica se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2026 en un contexto marcado por el desgaste institucional, la polarización del discurso político y una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus liderazgos. El proceso electoral no solo definirá un nuevo gobierno, sino que pondrá a prueba la solidez de la democracia costarricense, su sistema de pesos y contrapesos y la vigencia de los valores que históricamente y democrático que han distinguido al país en la región.
La campaña se desarrolla en medio de tensiones entre poderes de la República, cuestionamientos a la libertad de expresión y derechos humanos, un clima de inseguridad creciente y una agenda económica que continúa generando profundas divisiones sociales. A ello se suma el uso intensivo de redes sociales como principal campo de batalla política, donde la desinformación, el discurso de odio y la confrontación personal tienden a desplazar el debate de propuestas y soluciones concretas.
El desafío para el electorado será discernir entre narrativas emocionales y proyectos de país viables, exigiendo a los candidatos claridad, coherencia y respeto por el orden democrático. Para los partidos y aspirantes presidenciales, el reto consiste en reconectar con una ciudadanía cansada, ofreciendo respuestas creíbles a problemas estructurales como el costo de la vida, la inseguridad, el empleo y la desigualdad.
Las elecciones de 2026 representan, en última instancia, una oportunidad para renovar la confianza en la política y reafirmar el compromiso con la institucionalidad real, el diálogo y la convivencia democrática. El rumbo que tome Costa Rica dependerá no solo de quién resulte electo, sino del nivel de participación del pueblo, vigilancia ciudadana y madurez democrática con que el país enfrente este nuevo capítulo de su historia política
Fuente. Redacción
