El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) lanzó una advertencia al Estado costarricense sobre los posibles riesgos de vulneración de derechos humanos en el contexto de las deportaciones de personas migrantes hacia el país, particularmente tras los recientes acuerdos internacionales que incrementarán la llegada de extranjeros expulsados desde Estados Unidos.
La alerta se produce en un escenario de creciente presión migratoria y cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que han señalado debilidades estructurales en la atención, protección y garantías legales para las personas trasladadas a territorio costarricense.
Riesgos señalados por el MNPT
De acuerdo con el pronunciamiento del MNPT, existen varios factores que podrían derivar en violaciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes deportadas:
- Falta de protocolos claros y transparencia: El mecanismo advierte que procedimientos improvisados o poco definidos pueden generar incertidumbre jurídica y vulnerabilidad.
- Privación de libertad sin garantías suficientes: Experiencias previas evidencian que migrantes han sido retenidos en centros sin procesos claros ni acusaciones formales.
- Acceso limitado a información y asistencia legal: La ausencia de orientación adecuada impide a las personas ejercer derechos como solicitar refugio o asilo.
- Condiciones de atención insuficientes: Se han identificado carencias en atención médica, psicológica y social para poblaciones vulnerables, incluidos menores de edad.
Estas preocupaciones coinciden con advertencias recientes de la Defensoría de los Habitantes, que calificó las deportaciones sin planificación como un “drama humano”.
Antecedentes que generan preocupación
La alerta del MNPT no surge en el vacío. En 2025, Costa Rica recibió cerca de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de Asia, África y Europa del Este. Ese proceso fue ampliamente cuestionado.
Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron que los migrantes fueron detenidos durante semanas sin haber cometido delitos, con restricciones para solicitar asilo y con información limitada sobre su situación legal.
Además, la Sala Constitucional determinó posteriormente que el Estado costarricense violó derechos fundamentales al no brindar información adecuada ni permitir el acceso efectivo a mecanismos de protección internacional.
En ese contexto, el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en el sur del país, se convirtió en el principal punto de retención, generando críticas por el manejo de las condiciones de permanencia y la restricción de movilidad.
Nuevo acuerdo migratorio bajo escrutinio
La advertencia del MNPT coincide con la entrada en vigor de un nuevo acuerdo mediante el cual Costa Rica aceptará hasta 25 migrantes deportados por semana desde Estados Unidos, incluyendo personas de terceros países. (
Este tipo de políticas ha sido cuestionado por expertos, quienes advierten que puede generar un “limbo legal” para los migrantes, al ser trasladados a países donde no tienen vínculos ni garantías claras de protección.
Sectores críticos sostienen que el país podría estar asumiendo responsabilidades sin contar con la capacidad institucional suficiente, lo que aumentaría el riesgo de repetir situaciones previamente denunciadas.
Llamado a reforzar garantías
Ante este panorama, el MNPT instó al Estado costarricense a adoptar medidas urgentes para prevenir abusos y asegurar el respeto de los derechos humanos, entre ellas:
- Establecer protocolos claros de recepción y atención
- Garantizar el acceso a información, defensa legal y solicitud de refugio
- Evitar detenciones arbitrarias o prolongadas
- Fortalecer la supervisión de centros de atención migratoria
El organismo enfatizó que Costa Rica, reconocida históricamente por su tradición humanitaria, enfrenta el desafío de equilibrar la cooperación internacional en materia migratoria con el cumplimiento estricto de los estándares de derechos humanos.
Un debate en evolución
El tema ha abierto un debate más amplio sobre el papel del país en las políticas migratorias regionales, especialmente en el contexto de acuerdos con Estados Unidos. Mientras el Gobierno defiende la cooperación como parte de su política exterior, organizaciones sociales y expertos advierten sobre los riesgos de comprometer garantías fundamentales.
En medio de este escenario, la advertencia del MNPT se posiciona como un llamado preventivo: evitar que la gestión migratoria derive en prácticas que vulneren la dignidad y los derechos de las personas en situación de movilidad forzada.
Fuente. Redaccion con informacion Prensa DHR
