La Corte Penal Internacional inició en La Haya las audiencias clave para determinar si el expresidente filipino Rodrigo Duterte deberá enfrentar un juicio formal por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con su polémica “guerra contra las drogas”. En el comienzo de las sesiones, un fiscal del tribunal acusó al exmandatario de haber autorizado asesinatos y de seleccionar personalmente a algunas de las víctimas durante la campaña antidrogas que marcó su gobierno.
Cuatro días decisivos
La jornada marcó el inicio de cuatro días de audiencias conocidas como “confirmación de cargos”, un procedimiento en el que los jueces evalúan si existen pruebas suficientes para abrir un proceso judicial completo.
Duterte enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. La fiscalía sostiene que estuvo implicado en al menos 76 muertes ocurridas entre 2013 y 2018. Según el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, el exlíder desempeñó un papel “fundamental” en asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas.
Niang afirmó ante el tribunal que Duterte no solo autorizó operaciones letales, sino que también habría elegido a algunas de las personas que terminaron siendo asesinadas. Además, señaló que los casos presentados representan “solo una fracción” del número real de víctimas.
Una campaña bajo fuerte escrutinio
Organizaciones de derechos humanos estiman que la ofensiva antidrogas del gobierno de Duterte dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría personas de sectores pobres abatidas por policías o grupos de autodefensa, a menudo sin pruebas concluyentes de su vínculo con el narcotráfico.
El exmandatario rechaza las acusaciones. Su abogado, Nicholas Kaufman, declaró a la prensa antes de la audiencia que Duterte niega los cargos presentados por la fiscalía. Una vez concluidas las audiencias, los jueces del tribunal dispondrán de hasta 60 días para decidir por escrito si el caso avanza a juicio.
Un proceso que divide opiniones
El inicio de las sesiones generó manifestaciones frente a la sede de la corte. Algunos manifestantes consideran el proceso un paso crucial hacia la justicia, mientras otros lo ven como una injerencia internacional en asuntos internos de Filipinas.
Para Patricia Enriquez, investigadora de 36 años presente en la protesta, se trata de un “momento histórico” para las víctimas. “Espero que todos los filipinos y todas las personas del mundo estén con nosotros, con la verdad, con la justicia y con la rendición de cuentas”, afirmó. En contraste, Aldo Villarta, un chef de 35 años, calificó el proceso como una “bofetada” para el país y sostuvo que el encarcelamiento del exmandatario vulnera sus derechos.
Duterte fue detenido en Manila en marzo del año pasado y posteriormente trasladado a La Haya, donde permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen. Mientras tanto, en Manila, alrededor de 60 familias de víctimas de la campaña antidrogas siguieron la audiencia desde un centro comunitario. El grupo, integrado en su mayoría por mujeres cuyos familiares murieron en operativos policiales, expresó su frustración por que el exmandatario no compareciera personalmente ante el tribunal.
“Quizá no quiere asumir sus pecados”, dijo Gloria Sarmiento, cuyo novio apareció muerto en las últimas semanas del gobierno de Duterte.
