En Venezuela no hay precedentes de una amnistía de este tipo que, en teoría, extinguiría los procesos penales y responsabilidades de aquellos detenidos e imputados por razones políticas. Delcy Rodríguez espera sea aprobada las primeras semanas de febrero y dijo que quedarán exceptuados «aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, por corrupción o por graves violaciones a los derechos humanos». También convocó a una «gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia», con el objetivo de transformar el abordaje penal
Delcy Rodríguez anunció este viernes 30 una «ley de amnistía general» y pidió a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que discuta y apruebe la normativa «para favorecer la convivencia en Venezuela». También ordenó el «cierre» del Helicoide, una dependencia del Sebin que ha sido denominada como «centro de torturas» por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.
«Queremos anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política, de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución y el programa para la Convivencia y la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional», expresó Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Si bien la ley de amnistía, que Rodríguez dijo espera sea aprobada las primeras semanas de febrero, beneficiaría en primer momento a todos los detenidos por razones políticas, quedan exceptuados «aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, por corrupción o por graves violaciones a los derechos humanos».
Se desconoce si esta normativa tendrá efectos en la represión que, según han denunciado organismos internacionales, ejerce la administración chavista contra opositores o aquellos que percibe como tales.
«Pido a todos que nadie imponga la venganza, la revancha y el odio, estamos dando una oportunidad para vivir en paz… para que podamos coexistir con respeto», dijo la funcionaria, quien también señaló que la decisión ya había sido discutida con Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando político antes del 3 de enero, fecha de su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses.
Sobre el cierre del Helicoide, indicó que las dependencias policiales se convertirán en un «centro de servicios sociales y deportivos» para los efectivos de seguridad y la comunidad. Sin embargo, en ese sitio hay un área de procesados y penados del Área Metropolitana de Caracas (Sesma) –donde se encuentran recluidos presos políticos– que depende del Ministerio de Servicio Penitenciario y no del Sebin.
El gobierno de Donald Trump, quien ha afirmado tener el «control total» de las operaciones de crudo venezolano y otros aspectos, ha presionado a la administración Rodríguez por la liberación de presos políticos. En una comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que parte del proceso de «transición» en el país pasa por la liberación de detenidos por motivos políticos.
«Parte de ello es la liberación de presos políticos, que según algunos cálculos ascienden a 2.000. Los están liberando. Lo están haciendo probablemente con más lentitud de lo que me gustaría, pero los están liberando. Y, de hecho, se está empezando a ver cómo algunas de las personas liberadas comienzan a expresarse y a participar en la vida política del país. Nos queda un largo camino por recorrer», expresó Rubio.
El pasado 27 de enero, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó un proyecto de ley de amnistía –compuesto por 12 artículos– para beneficiar a todos los presos políticos con «libertad plena», así como el diseño de mecanismos para evitar la repetición de persecución política y graves violaciones de derechos humanos en el país.
Desde el pasado 8 de enero se adelanta un proceso de excarcelaciones, anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la encargada en funciones del Ejecutivo venezolano. Las cifras dentro del propio oficialismo son dispares.
Mientras el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó que se habían excarcelado a 808 personas desde diciembre hasta el lunes 26 de enero, dos días después, en una entrevista para un medio colombiano, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que se habían otorgado 643 medidas cautelares.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cifran en 302 la cifra total de excarcelados desde el pasado 8 de enero. Estas personas salen con prohibiciones de dar declaraciones a los medios, uso de redes sociales y presentación periódica en tribunales. Familiares se mantienen en vigilia a las afueras de varios lugares de reclusión, exigiendo a las autoridades liberaciones plenas de todos los detenidos por razones políticas.
En Venezuela no hay precedentes de una amnistía de este tipo que, en teoría, extinguiría los procesos penales y responsabilidades de aquellos detenidos e imputados por razones políticas. En 2020, Nicolás Maduro otorgó un indulto presidencial que benefició a 110 personas, entre ellos parte del equipo de Juan Guaidó, quien era reconocido como presidente interino por parte de la comunidad internacional.
A pesar de la existencia de una lista, diversas ONG denunciaron que no todos los beneficiados estaban detenidos por razones políticas, y también se incluyó a personas que se encontraban en libertad bajo medidas cautelares.
El Foro Penal ha contabilizado 18.824 detenciones por motivos políticos desde 2014 hasta la fecha, y ha asistido a más de 14.000 que han sido excarceladas. También señaló que más de 11.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
Por otra parte, Delcy Rodríguez pidió que el «Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito», así como medidas cautelares «en el marco de categorización de los delitos» comunes.
También convocó a una «gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia», con el objetivo de transformar el abordaje penal. Dijo que la tarea estará en manos de la Comisión de la Revolución por la Justicia, que maneja el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Fuente. Redacción y T C
