12 de enero de 2026, La situación de los presos políticos en Venezuela ha vuelto a poner en el centro del debate internacional la actuación del Estado venezolano en materia de derechos humanos. Este lunes, una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió con firmeza transparencia y urgencia en la excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, calificando las liberaciones recientes como insuficientes frente al volumen de casos documentados por organizaciones independientes.
Un balance parcial: excarcelaciones bajo escrutinio
En los últimos días, el Gobierno venezolano ha anunciado al menos 116 nuevas excarcelaciones de personas detenidas, según un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario. Sin embargo, el número real de liberaciones confirmadas por organizaciones de derechos humanos dista de esa cifra: la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) indicó que ha podido verificar 53 excarcelaciones, mientras que Foro Penal contabilizó más de 40 personas liberadas.
En varios casos, las autoridades han vinculado a los excarcelados con supuestos actos contra el “orden constitucional”, lo que ha generado debate sobre los criterios aplicados para definir quiénes son considerados presos políticos y quiénes no.
Estas liberaciones han sido recibidas con alivio por algunas familias y sectores de la sociedad civil, pero también con escepticismo por la ausencia de información pública verificar —como listas nominales o criterios claros— sobre quiénes están siendo puestos en libertad y bajo qué condiciones.
La ONU: insuficiente frente a la magnitud del problema
En su declaración, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, subrayó que las recientes excarcelaciones representan apenas una fracción de la situación real. Según estimaciones compartidas por el organismo, de las aproximadamente 800 personas detenidas por motivos políticos en el país, solo alrededor de 50 han recuperado la libertad hasta ahora.
La misión valoró como un “paso importante” cada liberación individual, pero advirtió que este ritmo y alcance están muy lejos de cumplir las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de Derechos Humanos. Por ello, instó al gobierno a garantizar un proceso de excarcelación transparente, con criterios claros, plazos definidos y acceso a información pública verificable, además de ajustar las condiciones de detención a estándares internacionales y asegurar el acceso irrestricto de abogados y familiares a las personas detenidas.
Impacto en grupos vulnerables y familias afectadas
La ONU también puso especial atención en el impacto diferenciado que la detención arbitraria tiene sobre grupos vulnerables, como mujeres, adolescentes, personas con enfermedades graves y adultos mayores, señalando la necesidad de priorizar su excarcelación con enfoque humanitario.
Mientras tanto, familiares de presos políticos han continuado protestando en las inmediaciones de centros penitenciarios como El Helicoide o La Crisálida, exigiendo respuestas claras sobre el paradero y el estado jurídico de sus seres queridos. En varios casos, denuncias de incumplimiento de promesas oficiales han generado frustración y temor de que las excarcelaciones se queden en anuncios sin resultados prácticos.
Reacciones políticas y diplomáticas
La exigencia de la ONU ha sido respaldada por voces de la sociedad civil y sectores opositores, que consideran que las recientes liberaciones no representan un cambio sustantivo en la situación de represión política. Líderes opositores han continuado solicitando la liberación de todos los presos políticos y la apertura de un proceso de transición democrática en el país.
Por su parte, el Gobierno venezolano ha argumentado que las excarcelaciones forman parte de un esfuerzo más amplio de reconciliación nacional, aunque sigue sin ofrecer cifras oficiales detalladas o establecer un cronograma público para futuras liberaciones.
Un desafío para el Estado venezolano y la comunidad internacional
La exigencia de transparencia y urgencia de la ONU subraya la tensión entre los compromisos internacionales de Venezuela en términos de derechos humanos y las prácticas internas que han llevado a detenciones arbitrarias y prolongadas de opositores, activistas y civiles sin acceso efectivo a la justicia.
La expectativa global ahora se centra en si Caracas implementará reformas concretas, abrirá canales de información verificables y permitirá la participación de observadores independientes para monitorear el proceso de excarcelación. Hasta el momento, la respuesta oficial ha sido parcial y fragmentaria, dejando en evidencia un desafío significativo para el restablecimiento de la confianza entre el Estado, la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional.
Fuente. Redacción y Agencias
