( EDITORIAL )
La población adulta mayor en Costa Rica aumenta constantemente, su crecimiento se debe a que en los últimos 50 años las tasas de fecundidad y mortalidad han caído considerablemente, situación que nos dirige a un país más envejecido. Se estima que para el 2050 cerca del 26% de la población del país serán ciudadanos mayores a 65 años, es decir, alrededor de 1.650.000 personas.
Es por esto que la sociedad costarricense debe avanzar en materia jurídica, cultural y social para garantizar el cumplimiento de sus derechos y su dignidad como seres humanos. ¿Qué ha hecho Costa Rica para enfrentar este fenómeno?
La creación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, la cual tiene como objetivo velar por los derechos de la población adulta mayor y promover una respuesta oportuna a sus necesidades y demandas. Además, a partir de dicha ley se crea el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), y este último diseña la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2011-2021).
Todos estos proyectos tienen un objetivo en común: estimular el desarrollo de las personas adultas mayores, garantizando una vida plena y digna, donde sus derechos se cumplan y puedan tener un progreso como seres humanos en su última etapa de vida.
El problema surge cuando nos topamos con una sociedad como la nuestra que presenta altos índices de abandono y maltrato hacia los adultos mayores. Según datos de estudios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a marzo del 2020, 650 personas adultas mayores están abandonadas en calles y hospitales del país, y 297 se reportaron en condiciones de indigencia.
Es por este fenómeno que se ve con buenos ojos la aprobación de la Ley 19.438 que penalizaría con cárcel el abandono de las personas mayores de edad. Dicha ley castigaría de uno a seis meses de cárcel a la persona que abandone a un adulto mayor en grado de vulnerabilidad.
La sanción sería de seis meses a tres años de prisión, si a consecuencia del abandono se pusiere en peligro la vida, la salud física, mental o social de los ciudadanos mayores a 65 años, siempre que no esté más severamente penado. Si tuviera un grave daño en el cuerpo o en la salud del adulto mayor, la pena será de tres a seis años de prisión. Además, también si a consecuencia del abandono ocurriese la muerte de la persona adulta mayor, será sancionado con una pena de prisión de seis a diez años.
Hay que destacar la importancia de la futura aprobación de estas leyes, porque vienen a proteger a un grupo de personas que con mucho esfuerzo y dedicación han contribuido a la mejora de nuestro país. Eso sí, queda mucho camino por delante para concientizar a una sociedad que cada vez más ve en esta población, más problemas que beneficios.
Debemos incentivar y adquirir valores como la empatía, que nos hagan entender que la gran mayoría se convertirá en adulto mayor. El hecho de denigrar, abandonar y maltratar a esta población debe ser eliminado de la sociedad costarricense. Se debe comprender que los adultos mayores son una fuente de experiencia, de sabiduría y de amor necesaria en las familias costarricenses.