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La libertad de prensa en Costa Rica es amenazada

Informe de Iary Gómez en la SIP. informacion de Diario Extra.

Este sábado en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Cartagena, Colombia, la gerente general de GRUPO EXTRA, Iary Gómez, expuso varios casos preocupantes para Costa Rica en cuanto a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en nuestro país.

Censura, sanciones y nuevos proyectos de ley fueron parte de la exposición dada por Gómez frente a los demás miembros de la SIP.

DIARIO EXTRA, Repretel, Televisora de Costa Rica y Grupo Nación, han sido algunos de los medios de comunicación que se han visto afectados por decisiones que lesionan la labor del periodismo.

Estos fueron los casos que sucedieron en territorio nacional durante los últimos seis meses, que fueron expuestos por Gómez:

CENSURAN PORTADA

La Oficina de Control y Propaganda adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, notificó a DIARIO EXTRA sobre una resolución administrativa que censuraba una portada que contenía la imagen en vestido de baño de una mujer, tomada de su red social Instagram a modo de ilustrar a quien había sido víctima de un femicidio.

“Esa oficina señaló que DIARIO EXTRA se debía abstener de publicar ese tipo de imágenes, especialmente de cuerpos de mujeres ensangrentadas. Advirtió que el medio no debió haber usado fotos u otras imágenes provenientes de las redes sociales, pese a su carácter público”, manifestó Gómez.

La SIP envió una carta a la oficina de Control de Propaganda, criticando la intromisión del Estado en los criterios y contenidos de los medios, pidiendo a dicho organismo retirar la notificación de censura.

El Colegio de Periodistas indicó que era peligroso que cualquier entidad pretenda censurar en forma previa las portadas o publicaciones noticiosas.

DESPIDEN COMEDIANTE

Canal 7, Televisora de Costa Rica, despidió a un comediante que participaba en un programa, luego de que contara un chiste catalogado como machista.

La medida se tomó luego de que la Ministra de Justicia, Marcia González, usara las redes sociales para manifestar que investigaría lo sucedido y que el programa no cumplía con la agenda de valores que promovía su cartera y el Gobierno.

ELIMINAR ARCHIVO

La Oficina de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), del Ministerio de Justicia, notificó a DIARIO EXTRA que elimine de sus archivos una noticia difundida el 13 de junio del 2018.

La información era sobre la detención arbitraria de un costarricense por parte de las autoridades nicaragüenses en territorio de Costa Rica. La noticia fue confirmada en su momento por la propia Cancillería.

La Prodhab resolvió que el diario debía eliminar la fotografía del afectado, pese a que la imagen usada corresponde a su pasaporte. Adujo que la Ley de Protección de Datos da la potestad a los ciudadanos de pedir a los medios que eliminen de sus archivos imágenes y otros detalles que los identifican en noticias.

Además, señaló que el medio no podía publicar imágenes no consentidas por personas e incluso que el medio tiene el deber de eliminar las imágenes con la simple petición del interesado.

Esa dependencia está haciendo uso de la Ley 8968 de datos sensibles como mecanismo de sanción, pese a que no fue diseñada para regular la actividad de la prensa.

“DIARIO EXTRA
presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y estamos esperando que resuelvan”, explicó la gerente de Grupo Extra.

OTROS CASOS

La Sala Constitucional falló a favor de Grupo Nación, editor de los diarios La Nación y La Teja, obligándolo a eliminar un video que estaba en su página de Internet.

La información estaba relacionada con la figura pública expuesta bastamente en medios de comunicación, pues ella misma postea en sus redes sociales como fotos y mensajes que son de acceso al público, pero luego adujo ante el Tribunal, que eso lesiona su intimidad.

Varios magistrados resolvieron que efectivamente el medio incurrió en una acción ilegítima al publicar el video de la modelo y obviaron el interés público que generan los temas de farándula, el deporte y el entretenimiento.

Los jueces aplicaron en este caso la norma de derecho al olvido que lesiona el derecho a la información.

El canal 6 de Costa Rica, Repretel, fue sancionado por unos programas que difundió en diciembre sobre situaciones jocosas sobre el acontecer del país con un monto de ₡70 millones ($115.702) por imitar a una señora que tuvo problemas con la compañía Tigo aduciendo que la imitaron con su voz y con su forma de ser y que ella no era mujer como imagen pública.

LEY FAKE NEWS

El diputado Erwin Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de Ley que pretende combatir la ciberdelincuencia y se enfoca en sancionar penalmente la publicación de las “Fake News” o noticias falsas.

La Ley plantearía una condena de hasta cuatro años a quien difunda noticias catalogadas como falsas. La iniciativa provocó preocupación porque podría prestarse para perseguir a periodistas por parte de grupos políticos y económicos, disconformes con las publicaciones y críticas.

El proyecto también busca sancionar a quienes difundan, publiquen o recopilen información catalogada como privada, sin autorización del titular, aunque esta sea difundida en las redes sociales.

Propone también castigo de prisión de seis meses a un año a quien capte imágenes y difunda datos de ubicaciones en tiempo real de una persona

También castiga con cárcel a quien difunda comunicaciones orales, grabe manifestaciones verbales o escuche manifestaciones privadas que no le están dirigidas.

«Ya existen normas jurídicas desde el 2012 que sancionan delitos informáticos, por lo que este proyecto es reiterativo y puede limitar el ejercicio periodístico», aclaró Iary Gómez.

PROYECTO LEY EXTENSIÓN DE DOMINIOS

También preocupa a las empresas de medios de comunicación el proyecto de Ley de Extensión de Dominio registrado en el expediente 20.868 que busca el decomiso de bienes sin condena penal.

«El proyecto no define con claridad cuáles se les aplica la extensión de dominio y existe un peligro latente de que esta ley se convierta en un instrumento para que el Estado persiga a medios de comunicación que difundan noticias que no son del agrado del Gobierno», finalizó.

PERIODISTA: Andrés Rojas Solano

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