Señores diputados y diputadas de nuestra honorable Asamblea Legislativa 2018-2022, hoy me tomo todo el derechos de recordarles que ustedes han sido elegidos por un pueblo cansado de desplantes demagógicos y decisiones arcaicas; tengan presente que la vida les dio un espacio de 4 años para actuar y legislar a nombre de pueblo, de ustedes dependerá, escribir sus nombre en lodo o en el bronce de la historia.
El pasado lunes 10 de Setiembre del 2018, decidimos intervenir en la situación que gira en torno al proyecto de ley #20580, también conocido como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ese día enviamos una misiva de atención al presidente de la República y a la Presidencia de Primer Poder de la República en donde expresábamos, como Sociedad Civil y Defensores de Derechos Humanos, nuestra preocupación por el mencionado proyecto y la manera en que se ha estado manejando éste por parte del gobierno y grupos sindicales.
Visitamos la Asamblea Legislativa, Primer Poder elegido por el pueblo, y encontramos un escenario drástico e incongruente, ingresar a ésta nos recordó la película “Misión Imposible”, o sea, de todo un acto hollywoodense. Por diferentes motivos logramos ingresar y nos encontramos con todo tipo de negativa a escuchar propuestas y razones, por ejemplo, “estamos en plenario” y “no por nuestro principio ideológico” (traducido en el fondo en intereses políticos).
Para nosotros que durante años hemos cabildeado por proyectos como la modificación del registro judicial, convertido en Ley Nro. 9361 -7 años de arduo trabajo en dos legislaturas anteriores- y finalmente el Proyecto CAPEMCOL (Centro de Atención a Personal en Conflicto con la Ley) Nro. 20235, que se encuentra en el Plenario Legislativo desde finales del periodo anterior dictaminado, podemos asegurar que nunca habíamos encontrado un panorama tan adverso y pesado lleno de imposibilidades.
En honor a la verdad, el pueblo de Costa Rica está ante una disyuntiva histórica en sus 200 años de vida independiente, hay en nuestros días una realidad innegable frente a una realidad muy adversa en medio de una situación que para todos es muy preocupante ante la escalada de desaciertos; por tanto nos encontramos ante un reto muy fuerte para un pueblo educado en la cultura de Paz y Convivencia, y con principios muy definidos y claros.
Nosotros como Defensores de Derechos Humanos nos sentimos totalmente defraudados ante la realidad que está viviendo nuestro país, con manifestaciones violentas, acciones policiales poco comunes en un país de paz tradicional y visión futurista; de lo que estamos muy claros es que la juventud tiene por delante el reto de crear un cambio muy profundo en la especia humana.
Vemos con mucho dolor el desencadenamiento de una espiral de violencia sin precedente que aunque traten de minimizar es una realidad palpable y que está a la vista de cualquier ser humano, la pérdida de valores y unidad solidaria, con expresiones tales como “no me importa lo que le suceda al otro o como no me afecta, no me importa”, dejando en evidencia la falta de solidaridad humana. Recordemos que el patrimonio nacional es un bien común y que el bien individual no existe sin el primero.
Les recordamos que los Derechos Humanos son un bien común, que son integrales e innegociables desde su concepción, desde el reconociendo de los derechos naturales en la época de Nerón y la Revolución Francesa, hasta la Declaración Universal.
Los Defensores de Derechos Humanos queremos hacerles un llamado a todos los Poderes de República, sindicatos, sociedad civil y congregaciones religiosas de todas las denominaciones, a hacer efectiva la paz social. Costa Rica exige, que todos estemos unidos sin colores políticos, bajo la única Bandera Tricolor del Blanco, Azul y Rojo bajo el bien común de Costa Rica.
Pedimos respetuosamente al Poder Legislativo y al Ejecutivo que en congruencia con las actuales circunstancias: la espiral de situaciones bochornosas que sitúa a nuestro país en el ojo del huracán de la opinión internacional, que retire del Plenario Legislativo el Proyecto 20580 aplicando el Bis 208 de acuerdo con lo que le corresponde y es permitido a ambos poderes que den un periodo perentorio de 90 días para las negociaciones consensuadas entre todos, incluida la sociedad civil, porque al fin y al cabo es el pueblo la parte más afectada.
Aclaramos a todos los Poderes de la República y la sociedad que lo que estamos solicitando con anuencia de todas las partes es que dicho proyecto se realice de manera consensuada y que en dicho proyecto se tome en cuenta a las partes más vulnerables de nuestra sociedad con la participación ciudadana. La pobreza es la peor violación de derechos humanos al igual que las acciones visibles de los últimos días, que son muy negativas para el país.
Dios ilumine a todos, la sociedad, a pueblo y autoridades de los Poderes de la República para finalmente arribar a un buen puerto, y no suceda lo mismo que aconteció con el Crucero que no llegó a las costas de nuestra querida Puntarenas.
Lic Hermez Ismael Gonzales Álvarez – Presidente de Fundeprode Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Costa Rica