( 19digital.com )El Gobierno de Daniel Ortega decidió poner en libertad este miércoles a 1.700 personas con motivo de la Semana Santa, tal y como ha podido confirmar el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que, por solicitud de la propia tiranía, participó en el proceso como observador. No se conoció si entre los bLa vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo explicó que la decisión de excarcelar a los presos tiene como objetivo «promover la unión familiar y la reinserción de personas que han cometido errores a la sociedad, sobre todo en estos días de pasión que nos llevan a la resurrección».eneficiados fueron liberados alguno de los presos políticos de Nicaragua.
En total, 1.501 hombres y 199 mujeres han sido excarcelados «con el beneficio legal de la convivencia», según confirmó Murillo en declaraciones a la emisora Canal 4.
Si bien Murillo no ha especificó si entre los reos beneficiados por la medida se encuentran algunos de los más de 70 opositores que se encuentran en prisión por sus ideas políticas, la vicepresidenta del régimen sandinista indicó que los presos han sido seleccionados de entre las cárceles de los 15 municipios del país.
Según el CICR en un comunicado, en los centros de Tipitapa y Matagalpa se pudo registrar la salida de 793 y 194 presos, respectivamente. De las 793 personas puestas en libertad en Tipitapa, 712 son hombres y 81 mujeres, mientras que en Matagalpa son 170 los hombres y 24 las mujeres liberadas.
«El CICR participó en esta operación por invitación del Gobierno. Nuestro rol fue como observador», aseguró Laure Schneeberger, jefa de la misión del CICR en Nicaragua. «El CICR desempeña su mandato exclusivamente humanitario con base a sus principios fundamentales de independencia, neutralidad e imparcialidad», manifestó.
Además de participar como observador en esta ocasión, el CICR ha visitado numerosos centros de detención en Nicaragua desde enero de 2019. Como ocurre en más de 80 países del mundo, estas visitas son de carácter «exclusivamente humanitario» y buscan «contribuir a que las personas privadas de libertad gocen de un trato y condiciones de vida conformes al Derecho Internacional y los estándares internacionalmente reconocidos, incluyendo el contacto con sus familiares», tal y como recoge el texto.
